El expresidente del Congreso, César Alejandro Zumaeta Flores, respaldó la bicameralidad como mecanismo para dificultar vacancias presidenciales express, aunque advirtió que requiere reformas constitucionales profundas con sanciones drásticas, incluyendo inhabilitación de por vida para funcionarios corruptos.
Zumaeta Flores explicó que la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte en diez o doce horas evidenció la falta de regulación de la incapacidad moral permanente, concepto interpretable sin criterios claros que genera inestabilidad institucional.
«Si no ponemos vacunas, pero vacunas de verdad, que sean candados, no vamos a poder avanzar», declaró al referirse a la necesidad de endurecer sanciones contra congresistas que cometan infracciones.
Control presupuestal y austeridad
Durante su gestión entre 2010 y 2011, Zumaeta Flores presidió el Congreso con un presupuesto de 324 millones de soles, devolviendo 24 millones al tesoro tras implementar diez escaños adicionales y remodelar el hemiciclo.
El presupuesto actual del Parlamento alcanza aproximadamente 1,500 millones de soles para 140 parlamentarios, incremento que el exlegislador califica como desproporcionado, equivalente a una inflación del 500 o 600% en quince años.
El expresidente del Congreso denunció que el Parlamento se convirtió en agencia de empleos donde bancadas contratan personal sin conocimiento legislativo, mientras funcionarios con veinte o treinta años de experiencia son ignorados.
Reformas para mejorar calidad legislativa
La figura de la doble votación ha sido vaciada mediante exoneración sistemática del trámite, permitiendo que leyes se aprueben y ratifiquen en la misma sesión nocturna sin análisis técnico ni convocatoria a especialistas.
Zumaeta Flores propuso eliminar comisiones especiales con presupuestos independientes y personal adicional por cinco años, reemplazándolas con subcomisiones dentro de comisiones ordinarias que utilicen los mismos congresistas y funcionarios.
«El pueblo nos pide eso, los políticos tenemos que ser severos, severísimos», afirmó al plantear inhabilitación permanente sin los límites actuales de quince años que permiten a sancionados regresar al Estado.
