Un video revela el momento en que el Suboficial PNP Jonathan Huirse Silva reconoce haber robado un vehículo, intentando negociar con el propietario dentro de la comisaría de Desaguadero, provincia de Chucuito. El hecho ocurrió el 25 de diciembre, generando indignación por la presunta participación de más agentes en el encubrimiento del delito.
La conversación entre el efectivo y la víctima se habría registrado al interior de las instalaciones policiales, evidenciando irregularidades en el procedimiento. Testigos señalan que otros agentes habrían facilitado el encuentro para evitar la denuncia formal, comprometiendo la integridad institucional de la dependencia policial en el distrito.
((🔴)) Un video revela el momento en que el Suboficial PNP Jonathan Huirse Silva reconoce haber robado un vehículo, intentando negociar con el propietario dentro de la comisaría de Desaguadero, provincia de Chucuito. pic.twitter.com/6oyyuwqIDW
— Pachamama Radio (@PachamamaRadio_) December 30, 2025
La Fiscalía incautó y lacró celulares de policías involucrados durante las investigaciones preliminares del caso. Sin embargo, uno de los efectivos habría roto el precinto para borrar evidencias comprometedoras, agravando las sospechas de encubrimiento. Cámaras cercanas no registraron los hechos, aunque otras grabaciones permitieron reconstruir lo ocurrido.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero dictó seis días de detención preliminar contra el suboficial implicado en el robo. La Inspectoría Regional inició un proceso administrativo por infracción muy grave, mientras la Región Policial Puno anunció el cambio total del personal de la comisaría para restaurar la confianza ciudadana.
La Policía Nacional del Perú emitió un comunicado donde «repudia tajantemente estos actos de conducta funcional indebida ligados a la comisión de ilícitos penales». La institución descartó cualquier encubrimiento, señalando que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades de otros efectivos en el distrito.
La población de Desaguadero había establecido un plazo de 72 horas para exigir el retiro de los efectivos policiales involucrados. El pronunciamiento oficial ratificaría la continuidad del jefe de la Región Policial Puno, sin dirigirse directamente al conflicto con los ciudadanos que demandan cambios en el comando institucional.
