Caja Huancayo rechazó el ultimátum de 72 horas impuesto por el Concejo Municipal de Huancayo para transferir más de 23 millones de soles de sus utilidades. A través de un pronunciamiento, la entidad financiera calificó la exigencia de «imposible e ilegal», advirtiendo que los regidores y el alcalde podrían enfrentar responsabilidades penales por abuso de autoridad y concusión.
La institución financiera frenó las pretensiones del alcalde Dennys Cuba y su cuerpo de regidores, quienes el pasado 18 de marzo aprobaron por unanimidad exigir el desembolso inmediato para financiar 19 proyectos de inversión. La Caja sostiene que un acuerdo de concejo no puede pasar por encima de la Ley General de Sociedades, la cual exige que cualquier distribución de dividendos sea aprobada primero por la Junta General de Accionistas.
Dinero en suspenso hasta el 31 de marzo
La gerencia y el directorio de la Caja informaron que la transferencia de fondos quedará en «estricto suspenso» hasta que la Junta General de Accionistas se instale el próximo martes 31 de marzo a las 04:00 p.m. Según la entidad, este es el único foro legal para decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2025, con el cual invalidó el intento de la municipalidad de disponer de los recursos con actos administrativos unilaterales.
El pronunciamiento de la Caja Huancayo señala que dicha entidad no es una «tesorería municipal». Los activos y utilidades representan fondos corporativos sujetos a supervisión, no dinero disponible a un mero requerimiento político del alcalde o los regidores.
«Los activos, las reservas estatutarias y las utilidades del ejercicio no constituyen fondos de tesorería municipal disponibles a mero requerimiento político del alcalde o de algunos regidores del Concejo Municipal, pues representan activos corporativos sujetos a métricas de suficiencia patrimonial y supervisión», señala el comunido.
Asimismo, invoca la responsabilidad solidaria. La ley advierte que la sociedad puede exigir el reembolso de utilidades pagadas en contravención a la norma, lo que genera responsabilidad civil y penal para los participantes del acuerdo.
La entidad afirma también que ceder a este requerimiento bajo presión configuraría una coparticipación en delitos contra la administración pública.
Caja Huancayo añadió que los miembros del Concejo Municipal usa narrativas de confrontación destinadas a poner a la comunidad en contra de su principal empresa. La institución responsabilizó directamente a los regidores que promovieron el acuerdo por cualquier afectación a la reputación o estabilidad financiera de la entidad.
Tras conocerse el pronunciamiento institucional de Caja Huacayo, algunos dirigentes de los distritos que se benfiiciarían con las obras a ser financiadas con las utilidades de la empresa, señalaron que se movilizarán exigiendo la transferencia de los recursos.
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