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Candidatos con procesos judiciales podrían terminar en la cárcel

El abogado Juan Echenique Caceres, manifestó que los candidatos al gobierno regional y los gobiernos locales con procesos judiciales, podrían terminar en la cárcel, generando un desgobierno y perjuicio enorme...

El abogado Juan Echenique Caceres, manifestó que los candidatos al gobierno regional y los gobiernos locales con procesos judiciales, podrían terminar en la cárcel, generando un desgobierno y perjuicio enorme a la población.

Al consultarle su opinión sobre los candidatos quienes tienen o han tenido procesos judiciales por presuntos actos de corrupción y otros delitos, señaló enfáticamente que no tienen una convicción de servicio a la población, por el contrario están pensando en cómo llenarse los bolsillos.

“No tienen convicción de servicio para el pueblo, no están pensando en el desarrollo de la región, lo que están pensando es cómo sacarle provecho a la región o los gobierno locales, no les interesa el bienestar de la población, lo que les interesa son sus propios intereses personales”, agregó Juan Echenique Caceres.

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Cabe precisar que la fiscalía de anticorrupción, presentó acusación por colusión agravada y solicitó diez años de cárcel contra el candidato al gobierno regional de Puno, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe. La pena elevada contra el aspirante al sillón regional, se debe a que fue parte de una trama de corrupción producto de una licitación pública en el distrito de San Antón, provincia de Azángaro.

De acuerdo a información del Ministerio Público, Wilber Cutipa Alejo tiene una demanda de alimentos realizada en 2014 por su expareja, quien exigía desde el 2007 una pensión alimenticia de S/600 en favor de la hija menor de ambos. No estuvo presente en la única audiencia que se realizó sobre este caso y en la que se determinó que Cutipa Alejo pasaría una pensión alimenticia de S/200 a favor de su menor hija.

Además, el exprocurador de la Municipalidad Distrital de Muñani, Hans Calvo Ttupa, denunció en 2018 a Wilber Cutipa Alejo, cuando era representante del Consorcio Wiman, por el delito contra la fe pública, en su modalidad de falsificación de documentos.

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