Al menos 28 candidatos que ostentan con el sillón regional del Gobierno Regional de Puno y las diferentes alcaldías provinciales de la región, arrastran sentencias y procesos de diferentes tipos, la mayoría por demanda de alimentos, otras por violencia familiar, uso de documento falso, entre otros. Algunas están en apelación, otras ya fueron ejecutadas y en algunos casos están con reserva de fallo.
El aspirante regional de País Para Todos, Wilber Cutipa, arrastra una sentencia de alimentos desde el año 2013. Recién el año pasado, el ingeniero economista depositó más de 20 mil soles correspondiente a la liquidación de pensiones a favor de su hija.
José Chalco de Pueblo Consciente también declaró tener una sentencia de alimentos en su contra. El fallo, que quedó consentido y firme, fue declarado «fundado en parte», lo que confirma que el hoy aspirante regional tuvo que ser requerido judicialmente para cumplir con su rol de padre.
El aspirante del Partido Cívico Obras, Jesús Mamani, arrastra una orden judicial dictada por un juez de Puno en marzo de 2009, la cual quedó firme bajo el expediente número 1315-2008. Se trata de un proceso asociado a deudas de pensiones de alimentos, conflictos contractuales graves o casos similares.
El aspirante de Ahora Nación, Eduardo Quispe, arrastra un proceso civil en materia contractual, tramitado en un juzgado de Juliaca. El caso está en apelación y la siguiente audiencia ha sido programada para el 14 de octubre próximo.
Se trata de un proceso por el que se le exige a él y a otra persona más, cumplir con el pago de 69 mil 398 dólares, que al cambio de moneda en 2016, fecha en la que se inició la demanda, hacían un total de 235 mil 955 soles, que ambos adeudan por el servicio de corretaje e intermediación en la venta de una vivienda a la empresa Inmuebles Limatambo SA. Dicha deuda se arrastra a pesar de que Quispe Pandia declaró ingresos anuales por más de 21 millones 494 mil soles.
Finalmente, Marcelino Tonconi, de la alianza ASI – JP, arrastra un proceso penal derivado de su gestión pública. El caso iniciado en 2018, que terminó en una reparación civil, está en proceso de apelación.
Azángaro
Miguel Enríquez Neira de 52 años, quiere ser alcalde de Azángaro y postula por la alianza electoral Venceremos, pero arrastra una sentencia por demanda de alimentos. El proceso inició en 2011, pero en 2016 fue archivada parcialmente. La sentencia aparece “en ejecución”
El aspirante de País Para Todos, Edson Calloapaza Gutiérrez de 44 años, arrastra una sentencia por violencia familiar. El caso data de este año, en el que se dictaron medidas de protección a favor de la agraviada.
Carabaya
El exdirector Regional de Educación, Edson De Amat Apaza de 55 años, quiere ser alcalde de Carabaya y va con Ahora Nación, pero él mismo ha declarado tener una sentencia por demanda de alimentos en el Juzgado de Lampa. El proceso inició en 2005 y declaró fundada en parte la demanda sobre cobro de alimentos.
En similar situación está el presidente del Consejo Regional de Puno, Héctor Aguilar Narváez, quien va por las filas de Somos Perú. Tiene 47 años y arrastra dos demandas de alimentos, cuyos procesos iniciaron en el año 2016. En ambos casos se ordenó una liquidación de devengados, que sumarían más de 130 mil soles, pero se supo que el hoy aspirante provincial iba a apelar ambos procesos.
Chucuito
El aspirante de País Para Todos para la Alcaldía Provincial de Chucuito, Edwin Alanguia Coillo de 51 años, arrastra dos procesos por alimentos, la primera data de 2015, que terminó en una conciliación y la segunda es de 2016 que declaró fundada en parte la demanda. Alanguia ha sido regidor provincial de 1999 a 2002.
El Collao
Por la alianza Venceremos, postula Sergio Roque Maquera de 49 años para la Alcaldía de El Collao, pero en su historial ha registrado dos procesos de alimentos en 2011 y 2020, ambos en Tacna.
El actual alcalde de la comuna distrital de Pilcuyo, Igor Maquera Mamani de 45 años, postula con Somos Perú, pero también arrastra una sentencia por alimentos, consentida en 2023.
Huancané
El aspirante a la Alcaldía de Huancané por Ahora Nación, Américo Portillo Chuquimamani de 47 años, quien además ha sido alcalde distrital de 2011 a 2014, arrastra 16 procesos. En 2023 fue sentenciado a 1 año 3 meses y 13 días de pena suspendida por delitos contra la familia. Por ese mismo delito tiene otra sentencia en 2024, con reserva de fallo con período de prueba de un año.
Tiene una demanda de alimentos en 2010, otra en 2016 y dos en 2025, todas fundadas. Además, ha declarado otros 10 procesos de diferentes tipos que datan desde 2011 a 2023.
El aspirante de la alianza ASI – JP, José Gonza Velásquez de 51 años, quien además fue alcalde distrital de 2015 a 2018, tiene cuatro sentencias. La primera por falsedad ideológica en 2023, otra por falsa declaración en proceso administrativo, cuya sentencia se dio en abril de este año y ordenó el pago de una reparación civil.
Otra sentencia por omisión de asistencia familiar que terminó en una pena privativa de la libertad suspendida y una última también por alimentos en 2001, que terminó en conciliación.
Platón Luque Chuquija de 61 años, postula con Podemos Perú. Ha sido regidor provincial de 2015 a 2018 y tiene una sentencia por el delito de peculado doloso en 2020. Además, declaró una denuncia por agresión, de la que dijo desconocer la carpeta fiscal y otra denuncia por “apoyar a mineros con camioneta”.
Lampa
El aspirante a la Alcaldía de Lampa con el Partido Cívico Obras, Wilhuer Machaca Aviles de 45 años, arrastra una demanda de alimentos interpuesta en 2020 que fue declarada fundada en parte.
Melgar
Por la alianza Venceremos postula a la Alcaldía de Melgar, Iván Quilly Ccorimanya de 33 años. Tiene una sentencia contractual de 2025, que ordenó “llevar adelante la ejecución forzada”.
Claudio Vilca Luna de 57 años, que postula por la alianza ASI – JP, tiene dos sentencias, una en 2015 por uso de documento falso, donde se le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, 160 días multa y el pago de 1500 soles como reparación civil.
Otra sentencia es por incumplimiento de deberes funcionales en 2021, donde se ordenó 1 año 4 meses de pena suspendida, 50 días multa y una reparación civil de 5000 soles. Vilca, fue regidor provincial de 2007 a 2010 y alcalde distrital de 2011 a 2014.
Por País Para Todos postula Ernesto Calcina Ramírez de 60 años. Tiene una sentencia por atentado al derecho de sufragio de 2022. Y otra contra la seguridad pública de 2017, donde se le impuso cinco meses de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida.
Moho
Víctor Quispe Condori de 37 años, quiere ser alcalde de la provincia de Moho con el partido político Ahora Nación, pero tiene una sentencia por lesiones graves que data de 2021.
Josué Quispe Capajaña de 53 años, va con Somos Perú y tiene una demanda de alimentos que data de 2024, que fue declarada fundada en parte; además, ha declarado dos procesos de 2024 y 2025, en la primera se ordenó medidas de protección y la segunda data de un “proceso común”.
Puno
El aspirante de la alianza ASI – JP a la Alcaldía de Puno, Jorge Zúñiga Pineda, también arrastra una sentencia por alimentos de 2007, que terminó en una conciliación. Zúñiga fue consejero regional de 2019 a 2022 y tiene otro proceso interpuesto en 2004.
Putina
El exalcalde de San Antonio de Putina, Serapio Sucasaire Sucasaire, quiere gobernar nuevamente esa provincia. Tiene 52 años y va con Ahora Nación, pero arrastra una sentencia por uso de documento falso, la misma que data de 2021 y donde se le impuso una pena suspendida de 1 año y ocho meses.
San Román
El aspirante a la Alcaldía de San Román por Ahora Nación, Máximo Lanza Umiña de 55 años, tiene una sentencia por el delito contra el honor. En 2023 se emitió una reserva de fallo condenatorio. También arrastra un proceso de alimentos de 2012, que declaró en ese entonces, fundada en parte la demanda.
Por el Partido Cívico Obras, postula al mismo cargo el docente Mario Benavente Llerena de 59 años, pero tiene una sentencia contractual que data del año 2016 por una deuda financiera.
Por el Frente de la Esperanza 2021, postula José Gómez Romero de 54 años, y también tiene sentencias por demanda de alimentos; la primera de 2018 que terminó en una conciliación, y la segunda de 2024, que terminó en una reserva de fallo condenatorio.
Por el movimiento regional Viva Puno, postula Rolando Mamani Zela de 49 años. Ha sido alcalde del centro poblado Isla entre 2012 y 2016. Arrastra una sentencia de 2025 que declara fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero, interpuesto por la ONPE.
Finalmente, Jhon Espejo Vilca de 34 años, también quiere ser alcalde de San Román con el partido Progresemos y aunque no arrastra sentencias en su contra, recientemente se reveló que tiene dos antecedentes por denuncias de violencia familiar, que incluyen presuntas agresiones físicas.
