El abogado Beltrán Hancco Quispe aclaró que Lino Andrés Cáceres Ccanccapa es el propietario legal del predio San Pedro de Esquilaya, ubicado entre Ayapata y San Gabán, en entrevista en Pachamama Radio aclaró la situación legal de la propiedad para evitar malentendidos. Hancco explicó que los títulos de Lino Cáceres son legítimos y están debidamente inscritos.
Lino Andrés Cáceres adquirió la propiedad de San Pedro de Esquilaya con documentos oficiales desde 1950 y concretó una compra formal en 1996, según indicó su abogado. Estos títulos fueron reforzados con un reconocimiento estatal de su derecho de propiedad emitido en 2018.
Desde 2016, personas ajenas al área intentaron apropiarse del predio presentando documentos falsos, por lo que se activaron procesos legales contra los invasores. La justicia falló a favor de Cáceres en 2021, ordenando el desalojo por falta de títulos válidos en los ocupantes, remarcó el letrado.
El primer lanzamiento se realizó en noviembre de 2022, sin embargo, los ocupantes regresaron al terreno de forma violenta hasta julio de 2023, cuando se ejecutó un nuevo desalojo judicial por usurpación agravada, explicó el representante legal de Cáceres.
Alegan que Cáceres arrebató tierras ancestrales, acusaciones que el abogado descartó por carecer de pruebas legales. Según Hancco, estas versiones buscan confundir a la población y deslegitimar el proceso judicial.
Entre los cuestionados por el equipo legal aparece Ever Alejandro Quispe Calcina, quien ingresó en 2012 como trabajador de Cáceres y luego intentó usurpar el terreno sin fundamento legal, según las investigaciones presentadas por el abogado.
En el operativo reciente se hallaron pruebas de minería ilegal, maquinaria pesada, campamentos destruidos y cultivos ilícitos dentro del terreno, informó Hancco. Estos hallazgos respaldan la necesidad del desalojo y la intervención por parte de la justicia.
Tras el fallo judicial, algunos afectados del lugar bloquearon carreteras estratégicas como la Cumbre y el puente Boca San Gabán, interrumpiendo el paso de más de cien personas y restringiendo acceso a alimentos y medicamentos, según dio a conocer el letrado.
Estas vías son públicas, construidas y mantenidas por las municipalidades de San Gabán y Carabaya, por lo que las interrupciones afectan la rutina, el comercio y servicios básicos en la zona, advirtió el representante legal del propietario afectado.
El fiscal provincial penal se presentó en los puntos bloqueados tras recibir la queja formal del abogado Hancco, constatando la presencia de vehículos, cadenas y grupos impidiendo el tránsito, lo que confirma la gravedad del conflicto social en el área, comunicó el abogado.
Lino Andrés Cáceres y su defensa llaman a la población y las autoridades locales a no dejarse llevar por la desinformación difundida por quienes no ganaron el juicio, recordando que el propietario ha actuado conforme a la ley para proteger sus derechos legítimos.
Finalmente, solicitan a las autoridades de Ayapata y San Gabán abstenerse de emplear recursos públicos en este conflicto privado, y piden reconocer de manera firme el título legal de propiedad para evitar que la situación derive en confrontaciones mayores.
