El alcalde de la Municipalidad Distrital de Coasa en la provincia de Carabaya, Jesús Choquenaira Málaga, denunció públicamente la desidia del Gobierno Regional de Puno para resolver el conflicto territorial con el distrito de Limbani. La autoridad edil acusó al alcalde de Limbani, Edilberto Córdoba Málaga, de violar la zona de neutralidad mediante una incursión armada que puso en riesgo la vida de comuneros el 7 de julio de 2025.
La disputa territorial entre ambos distritos se centra específicamente en el sector Chiwi, donde según Choquenayra, las autoridades de Limbani han incumplido sistemáticamente los acuerdos previos establecidos. El alcalde de Coasa reveló que «personas armadas ingresaron a la zona de Guanchicani violando lo pactado y generando una tensión insostenible que pone en peligro la integridad física de nuestros pobladores».
El antecedente más grave de este conflicto ocurrió el 29 de noviembre de 2023, cuando enfrentamientos violentos entre pobladores de ambos distritos dejaron un saldo trágico de una persona fallecida y varios heridos. La Defensoría del Pueblo intervino como mediadora, pero la minería informal y las pretensiones territoriales mantienen latente la tensión entre las comunidades de Coasa y Limbani.
La antigüedad administrativa favorece a Coasa, creado oficialmente en 1854, mientras que Limbani fue fundado posteriormente en 1908, según documentos históricos presentados por Choquenayra. El alcalde de Coasa argumenta que su distrito «mantiene relaciones pacíficas con otros vecinos, a diferencia de Limbani que tiene pretensiones expansionistas injustificadas sobre nuestro territorio ancestral».
El Mapa Censal constituye el punto neurálgico de la controversia, pero Coasa presentó un oficio oficial que invalida su uso para procesos de demarcación territorial. Limbani insiste en utilizar documentos censales desde 2007, lo que Coasa considera «incorrecto e ilegal». La validez jurídica de estos documentos resulta crucial para resolver definitivamente el conflicto entre ambas jurisdicciones.
La mesa de diálogo establecida en 2024 permanece inactiva debido a la falta de convocatoria del gobierno regional, situación que Choquenayra califica como «negligencia institucional imperdonable». El acuerdo original prohibía expresamente el ingreso al área en disputa, compromiso que «solo Coasa ha respetado fielmente», según declaraciones del alcalde del distrito de la provincia de Carabaya.
La situación en la zona de Guanchicani se tornó crítica el 7 de julio, cuando dos pobladores de Coasa resultaron heridos por disparos durante la incursión armada. Los comuneros viven en constante inseguridad debido a la presencia de «personas armadas de Limbani que amenazan nuestra tranquilidad». La Policía Nacional y autoridades locales documentaron los hechos mediante videos y testimonios.
Coasa respalda su posición con documentos legales sólidos, incluyendo títulos de propiedad privada de la familia Alatrista que datan desde 1948 y escrituras públicas debidamente registradas. Limbani se aferra únicamente al Mapa Censal, pero el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha aclarado oficialmente que «este documento no define límites territoriales definitivos» entre distritos.
El alcalde Choquenaira busca una solución pacífica y legal al conflicto, exigiendo al gobierno regional que «convoque inmediatamente a las partes para reiniciar las negociaciones suspendidas». La subgerencia de ordenamiento territorial debe actuar con urgencia para evitar más episodios de violencia en la zona de conflicto entre las provincias de Carabaya y Sandía.
La intervención del gobierno regional resulta vital para resolver definitivamente este conflicto territorial que amenaza la paz social en Puno. Choquenayra Málaga reafirma su «compromiso inquebrantable con la paz y la legalidad», esperando que las autoridades regionales actúen con prontitud para evitar más derramamiento de sangre en la región.
