El Censo Nacional 2025 enfrenta serias complicaciones en las provincias de Carabaya y Sandia debido a la ausencia de consenso territorial entre ambas municipalidades, situación que genera incertidumbre en los pobladores sobre su pertenencia jurisdiccional. Esta controversia administrativa podría afectar directamente la precisión del importante proceso estadístico nacional que ya inició en todo el territorio peruano.
Berly Tacca Yana, alcalde de Sandia asegura que existe predisposición favorable por parte de las autoridades ediles de ambas jurisdicciones para participar en las reuniones convocadas por el Gobierno Regional de Puno. Las sesiones buscan sanear los terrenos controvertidos y establecer la delimitación definitiva entre ambas provincias, proceso que se ha extendido más tiempo del previsto por las autoridades regionales responsables de la demarcación territorial.
La falta de acuerdo entre las municipalidades de Carabaya y Sandia ha generado puntos de controversia específicos que complican los procesos administrativos. Los pobladores no pueden determinar claramente su pertenencia jurisdiccional, situación que trasciende el ámbito censal y afecta otros procedimientos donde deben especificar su ubicación geográfica administrativa para acceder a servicios públicos y programas gubernamentales.
El conflicto territorial genera complicaciones directas en el diseño operativo del Censo 2025, ya que las zonas sin delimitación clara representan un desafío logístico. Las autoridades censales requieren límites definidos para organizar el empadronamiento, asignar personal de campo y garantizar que ningún poblador sea contabilizado dos veces o excluido del proceso estadístico nacional programado.
El alcalde provincial se limitó a declarar que las autoridades locales esperarán la convocatoria de una nueva reunión para culminar el proceso de delimitación. La demarcación territorial definitiva depende de esta próxima sesión de trabajo entre representantes de ambas provincias y funcionarios del Gobierno Regional de Puno, quienes deben mediar en las diferencias existentes entre las partes involucradas.
El proceso de delimitación entre Carabaya y Sandia transcurre de forma lenta, según confirmaron. Esta demora administrativa podría perjudicar la ejecución del Censo 2025 en las zonas controvertidas, donde los empadronadores enfrentarían dificultades para determinar la jurisdicción correcta de cada vivienda y habitante durante el operativo censal programado.
Las reuniones convocadas por el Gobierno Regional deberán establecer consensos técnicos y legales para resolver definitivamente la controversia territorial. El saneamiento de terrenos forma parte integral del proceso de delimitación que permitirá a ambas provincias contar con límites claros y reconocidos oficialmente, beneficiando tanto a las autoridades locales como a la población afectada por esta indefinición administrativa.
