El 10% de los 367 centros poblados de la AMUCEP en Puno queda fuera de las transferencias económicas por problemas en su adecuación legal, lo que genera retrasos en el desarrollo de comunidades rurales que aún dependen de resoluciones municipales antiguas para su reconocimiento formal.
Wilson Maquera Lupaca, presidente de AMUCEP y alcalde de Collata (Ilave), informó que la organización agrupa a 367 alcaldes formalizados y urge la regularización administrativa de los centros pendientes, para asegurar su acceso a los recursos gestionados por gobiernos provinciales y regionales.
El dirigente subrayó la existencia de un plazo limitado para completar la adecuación y espera que los alcaldes provinciales ayuden sin poner obstáculos, pues afirma que ningún burgomaestre quiere perjudicar los intereses y desarrollo de sus centros poblados dependientes.
La AMUCEP promovió un proyecto de ley que solicita a los gobiernos regionales transferencias de hasta 12 UITs por localidad, una medida que actualmente se debate y que podría asegurar financiamiento significativo para obras públicas y servicios básicos de estas jurisdicciones.
La provincia de Puno lidera la lista de casos sin actualizar su documentación, con 71 registros, de los cuales solo 37 completaron el proceso de adecuación, otros 14 están en trámite y 10 no han iniciado gestiones, lo que evidencia la desigualdad administrativa entre distritos.
Maquera especificó que ningún centro poblado será excluido o discriminado, la asociación implementará un plan escalonado que permita a todos beneficiarse de las transferencias conforme regularicen su situación legal, sin importar antigüedad o procedencia geográfica.
La estrategia contempla intervenir por bloques organizados, priorizando a los primeros centros que terminen el trámite y acompañando a los restantes en el proceso, garantizando derechos y fondos para toda la base social rural de la región sin exclusiones políticas ni burocráticas.
El dirigente concluyó que la regularización de cada centro poblado es clave para su desarrollo, ya que permite acceder a programas, financiamiento y obras que mejoran la calidad de vida en zonas rurales, cumpliendo así un mandato de integración y equidad territorial en Puno.
