La Plaza de Mayor de Puno se convirtió en escenario de reclamo estudiantil cuando alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano manifestaron su oposición a una medida gubernamental que impacta directamente el futuro laboral de más de 100 profesionales que egresan anualmente de esta carrera.
Los estudiantes de Trabajo Social dirigieron su protesta contra el Decreto Supremo 005-2025-TR, emitido por el Ejecutivo el 14 de junio, que derogó la norma establecida desde 1965 y que obligaba a empresas privadas con más de 100 trabajadores a contar permanentemente con un profesional de esta especialidad.
El Decreto Supremo 009-65, vigente durante décadas, establecía que las empresas debían contratar trabajadores sociales para gestionar temas laborales y garantizar el bienestar de los empleados, considerando su ausencia como una falta grave sancionable que ahora desaparece del marco normativo empresarial.
La modificación legal entró en vigor el 15 de junio, eliminando la obligatoriedad de contar con profesionales en Trabajo Social en el sector privado, lo que genera incertidumbre sobre las oportunidades laborales para quienes han invertido años de formación académica en esta disciplina.
Luz María Meneces, decana de la Facultad de Trabajo Social, explicó que esta normativa afecta directamente el ejercicio profesional en el ámbito privado, destacando que los trabajadores sociales cumplen un rol fundamental como mediadores entre las empresas y la población trabajadora para garantizar condiciones laborales óptimas.
La docente enfatizó que “anualmente más de 100 estudiantes egresan” de la universidad, quienes ahora enfrentan un panorama laboral reducido tras la eliminación de la exigencia legal que garantizaba espacios profesionales en empresas privadas con determinado número de empleados.
Además de la manifestación pública desarrollada en la Plaza de Armas, la facultad presentará un pronunciamiento formal ante la Dirección de Trabajo para expresar oficialmente su posición frente a esta medida que consideran perjudicial para el desarrollo profesional y la protección de derechos laborales.
Los estudiantes y docentes consideran que la derogatoria compromete el bienestar laboral en empresas privadas, al eliminar la figura profesional especializada en mediar conflictos, gestionar programas de bienestar y garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales de los trabajadores en el sector empresarial.
NV…..LUZ MARIA MENECES, DECANA DE MA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
