El documental Uyariy del cineasta Javier Corcuera finalmente se exhibió en Cineplanet tras denuncias de censura por parte de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de 2023, quienes exigieron el estreno de la película que narra los trágicos acontecimientos ocurridos en Juliaca.
Sin embargo, la empresa colocó la cinta en horarios poco accesibles para el público cinéfilo y la incluyó en taquilla a última hora. A pesar de estas condiciones desfavorables, la sala estuvo completamente copada durante la proyección, demostrando el alto interés de la población juliaqueña por conocer esta producción cinematográfica.
La Asociación de Mártires y Víctimas denunció públicamente que a horas del estreno se intentó obstaculizar la difusión del documental sin argumentos concretos ni coherentes. La agrupación calificó este hecho como un atropello al derecho a la libre expresión y un intento de ocultar la verdad al mundo sobre lo sucedido.
Corcuera agradeció a la población juliaqueña por asistir a ver su trabajo cinematográfico, destacando que la producción le costó tres años de trabajo con presupuesto colaborativo. El documental presenta testimonios verídicos y directos de familiares de las víctimas, narrando historias diversas que reflejan los hechos luctuosos del 9 de enero de 2023.
Los productores y el director solicitaron formalmente a los cines comerciales retomar la proyección del filme en el sur andino con horarios que permitan la asistencia de espectadores. Advirtieron que la censura aparece de forma solapada y exigieron respeto por las víctimas, sus familiares y el cine peruano en su comunicado oficial.
En caso de no ser atendidas sus peticiones, los realizadores valoraron el retiro de la película de las salas comerciales. De concretarse esta decisión, comunicarían formas alternativas para que Uyariy pueda ser vista en todo el territorio peruano, garantizando así el acceso a este registro documental.
El caso refleja las tensiones existentes en torno a la memoria histórica y la libertad de expresión en el país. La controversia evidencia las dificultades para difundir narrativas sobre eventos recientes que involucran presunta represión estatal y la lucha de las víctimas por hacer visible su verdad.
