Los ciudadanos puneños que fueron detenidos en enero pasado en el interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima han denunciado discriminación y graves vulneraciones de sus derechos humanos. Además, han anunciado que continuarán con medidas de lucha contra el gobierno de Dina Boluarte, después de que las investigaciones en su contra fueran archivadas.
Estos ciudadanos habían sido denunciados por usurpación y otros delitos, en un caso que involucra a alrededor de 200 personas, en su mayoría provenientes de la región de Puno. Fueron intervenidos de manera irregular por la Policía Nacional del Perú el 21 de enero, después de viajar desde Juliaca a Lima para exigir justicia por la masacre del 9 de enero de 2023.
Las víctimas de la represión policial calificaron al gobierno de Dina Boluarte como una dictadura y manifestaron su intención de seguir participando en marchas y protestas, ya que consideran que es su derecho constitucional. No descartan la posibilidad de viajar nuevamente a Lima en el marco de la cuarta marcha nacional contra el Ejecutivo.
Por último, hicieron un llamado a la población de la región de Puno para que no desistan en su exigencia de la renuncia del Congreso de la República y del Ejecutivo, y para que se instale una nueva Asamblea Constituyente. También pidieron que no se olvide a los mártires de la región de Puno, quienes perdieron la vida en la lucha por cambios en el país.
