Una situación pone en vilo el futuro de trescientos estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Puno. Monseñor Ciro Quispe López, obispo de la Prelatura de Juli, reveló una deuda de seis meses por el alquiler del local que el Gobierno Regional mantiene, arriesgando la continuidad de las clases. La Iglesia ya inició acciones legales.
El obispo Ciro Quispe López afirmó que el Gobierno Regional no canceló los arriendos desde hace medio año. Este incumplimiento se suma a la preocupación por las precarias condiciones en que viven los jóvenes, un problema que la Iglesia intentó solucionar en diversas ocasiones.
El local, ubicado en el Ex Seminario de Chucuito, fue cedido por la Iglesia hace diez años. El acuerdo inicial era por un plazo de tres o cuatro años para el funcionamiento del COAR, albergando en ese momento a cien estudiantes.
Monseñor Quispe López desmintió categóricamente las afirmaciones del gerente general del Gobierno Regional sobre una supuesta expiración de poderes. La Prelatura de Juli opera con un convenio y un RUC formal sin inconvenientes, manteniendo la plena validez de sus acuerdos.
También, manifestó que el Gobierno Regional se comprometió a mejorar la infraestructura del COAR hace una década. Sin embargo, en todos estos años, no se realizó ninguna inversión significativa en las instalaciones que ocupan los alumnos.
El GORE se comprometió a mejorar la infraestructura dañada, según un documento del Convenio, específicamente la cláusula 6d. No obstante, esa cláusula no se cumplió, dejando las instalaciones en deterioro y afectando las condiciones de estudio.
El Ministerio de Educación y la DREP Puno muestran gran preocupación porque el dinero del alquiler no se usa para su finalidad. No existe expiración de poderes, pues rige un convenio entre la Iglesia y el GORE. Surge la interrogante, ¿qué hace el GORE con ese dinero?
La Prelatura de Juli ha solicitado una conciliación judicial, tal como prescribe la ley. El diálogo debe ser sostenido con la documentación correspondiente y no por especulaciones, buscando una solución transparente y conforme a derecho.
Los ingresos por el alquiler de este local se destinan a diversas obras sociales de la Iglesia. Estos fondos permiten apoyar a comunidades campesinas, ofrecer capacitaciones agropecuarias y sostener programas educativos y de ayuda en la región.
El obispo Ciro Quispe López hizo un llamado directo a los padres de familia y a los mismos estudiantes. Les instó a exigir a las autoridades regionales una atención digna y mejoras urgentes en las condiciones educativas y de habitabilidad.
Finalmente, el obispo afirma, “Si el GORE no está de acuerdo con el convenio y el alquiler del local al COAR, entonces que dejen el local y busquen uno nuevo para el próximo año escolar”. Esta declaración marca la postura de la Iglesia.
