Un grave incidente golpea a Juliaca luego del colapso parcial del techo de la cisterna principal construida por EPS SEDAJULIACA, estructura clave para la dotación de agua potable, situación que genera preguntas sobre transparencia, supervisión y responsabilidad en el uso de fondos públicos, según alerta el regidor Javier Chura Espirilla.
El hundimiento ocurrió el pasado 10 de julio, durante el vaciado de la losa maciza en el tanque de 1,110 metros cúbicos dentro de la planta de “Ayabacas”, evento que eliminó 28 metros cúbicos de concreto y afectó cerca de un cuarto de la superficie total planificada.
SEDAJULIACA afirmó que la tragedia inició por la fractura de los puntales de acero que sostenían el encofrado, componentes cuya calidad y montaje dependían por completo del Consorcio Tupa Fernández, la contratista a cargo de esos trabajos.
La empresa estatal respaldó plenamente al equipo técnico y obrero propio, deslindando cualquier culpa o deficiencia en la supervisión directa y concentrando la responsabilidad en la compañía constructora privada.
El Consorcio Tupa Fernández admitió, a través de una carta remitida el 11 de julio, su obligación contractual de reparar los daños, comprometiéndose a restituir la estructura sin exigir costos adicionales a SEDAJULIACA.
Sin embargo, los regidores, liderados por Javier Chura Espirilla, consideraron insuficiente la versión oficial en sesión de Concejo, ya que esta minimizaba el impacto real del derrumbe y se limitaba a trasladar la culpa a la empresa subcontratada.
Chura Espirilla remarcó que la caída del techo no es exclusiva de una sola causa, apuntando también a la residencia y la supervisión de la obra, quienes, según el regidor, debieron asegurar el diseño y control del proceso constructivo desde su origen.
El regidor observa una contradicción legal: los términos de referencia exigen intervención directa de ingenieros residentes y supervisores, pero estos no figuran con claridad en los contratos del proyecto, lo que debilita los mecanismos de control.
Chura Espirilla comunicó a la Contraloría General de la República los hechos, y afirma que el organismo ha sugerido proceder con la demolición total de la estructura, postura que choca con la residencia de obra, quienes prefieren solo una reparación parcial.
El contrato con el Consorcio Tupa Fernández, por encofrado y desencofrado, asciende a 245 mil soles. Ante las irregularidades detectadas, el regidor ya trabaja documentando un pedido formal para destituir al presidente del directorio, Héctor Arapa, argumentando una gestión insostenible.
El caso se agrava porque el colapso se suma a otros temas pendientes en SEDAJULIACA, como el presunto “robo del millón” y cuestionamientos anteriores sobre direccionamiento de contratos y falta de transparencia institucional, según el seguimiento de Javier Chura.
Durante el debate en sesión de Concejo, el alcalde optó por concentrarse en el colapso de la cisterna sin tratar otras irregularidades, opción que impidió ahondar en problemas de mayor repercusión en el manejo general de obras públicas.
La gerencia general de SEDAJULIACA sostiene que el Consorcio asumirá los costes generados, pero el regidor duda de que la cobertura incluya pérdidas como el concreto malogrado o los daños colaterales totales, lo que podría afectar aún más el presupuesto.
SEDAJULIACA notificó que reportará todos los sucesos ante la Contraloría, sumándose a la fiscalización legal de los fondos públicos y asegurando un seguimiento concurrente en busca de impedir más pérdidas en recursos municipales.
Javier Chura anunció que entre hoy y mañana formalizará la solicitud de destitución del presidente del directorio, respaldando su pedido con documentación precisa, abriendo un nuevo capítulo en el control interno y la exigencia de respuesta ante los contribuyentes.
