El manejo indebido de fondos públicos constituye un delito gravísimo según la legislación peruana, especialmente cuando involucra las más altas esferas del poder ejecutivo. José Luis Ticona Yanqui, decano del Colegio de Abogados de Puno, considera que la situación actual requiere transparencia absoluta en los informes técnicos que sustentan cualquier modificación en el aumento de sueldo de Dina Boluarte.
La desproporción entre el salario mínimo vital y la remuneración presidencial genera cuestionamientos sobre la justificación técnica de dicho incremento. Ticona Yanqui explicó que, para legitimar una remuneración superior a 30,000 soles, el salario mínimo vital debería alcanzar aproximadamente 10,000 soles, cifra que contrasta dramáticamente con la realidad económica nacional.
El pronunciamiento del gremio jurídico enfatiza que cualquier modificación remunerativa presidencial debe contar con informes técnicos previos y estudios especializados. «Esto no es que la presidenta se levanta una mañana y dice, muy bien, el día de hoy me he acordado que me voy a recibir tanto de remuneración», declaró categóricamente el decano.
La transparencia de los documentos técnicos se convierte en el punto central del cuestionamiento legal. Ticona Yanqui señaló que estos informes, incluidos aquellos con el visto bueno del ministro de economía, deberían ser de conocimiento público, denunciando que precisamente esta información es la que se oculta a la ciudadanía.
El Colegio de Abogados de Puno mantiene reuniones para emitir un pronunciamiento oficial sobre la situación. Ticona Yanqui confirmó que durante la jornada anterior sostuvieron una reunión anticipando que el documento sería lanzado para conocimiento de la población
La configuración del delito dependería de la efectivización del incremento salarial. El decano explicó que, si se hace efectivo el depósito remunerativo, se configuraría el delito, salvo que la mandataria decidiera no hacer efectivo el mismo voluntariamente, evitando así las consecuencias legales correspondientes.
La administración presidencial como responsabilidad pública fue otro aspecto destacado por Ticona Yanqui. Consideró que la presidenta de la República funciona como «una administradora grande» de los recursos del Estado, lo que implica responsabilidades específicas en el manejo de fondos públicos.
El manejo indebido de recursos estatales constituye según el jurista un delito de extrema gravedad. Ticona Yanqui concluyó que manejar los fondos públicos indebidamente representa una transgresión legal gravísima, especialmente cuando proviene de la más alta magistratura del país, requiriendo investigación y sanción correspondiente.
