La Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por Víctor Cutipa, aprobó este martes 18 de noviembre en Lima la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027. Más de 50 000 mineros excluidos en junio por inactividad superior a un año tendrán ahora una “ventana” para reincorporarse al proceso de formalización.
La votación se desarrolló en una sesión accidentada que culminó con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención. El dictamen también suspende los procedimientos de exclusión, excepto para quienes tengan condenas firmes por minería ilegal, lavado de activos o trata de personas.
“No es solo una ampliación, sino una nueva oportunidad”, declaró Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin, tras la aprobación. Los mineros afectados deberán acreditar actividad real y cumplir obligaciones técnicas, ambientales y administrativas para su reingreso al registro.
Reincorporación con condiciones y plazos ajustados
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) tendrá 60 días para definir los criterios de evaluación y verificar las solicitudes de reincorporación. La congresista Patricia Juárez insistió en evitar una “reincorporación automática”, lo que generó confusión durante el debate y ajustes de última hora en el texto.
“El Minem debe identificar a los afectados e implementar medidas correctivas”, propuso Juárez como modificación. Sin embargo, fuentes de la comisión confirmaron que el documento final aún no está consolidado y pasará al Pleno para su debate definitivo.
La vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales, criticó la aprobación “con cargo a redacción” y cuestionó la falta de claridad en los “candados” para evaluar a los excluidos. “El 90% de los 50 000 mineros lleva suspendido más de cuatro años”, advirtió, señalando que alrededor de 45 000 registros corresponden a casos con suspensiones prolongadas.
Críticas y alertas sobre impunidad en la minería ilegal
Nicolás Besich, coordinador de Videnza Instituto, reveló que 50 560 registros excluidos no equivalen a igual número de personas, ya que algunos titulares acumulan más de 60 registros. “Solo el 10% de los titulares concentra el 33% de las exclusiones”, precisó, destacando la concentración de casos en pocos actores.
El texto aprobado también exige un censo nacional de la pequeña minería en los próximos seis meses y un sinceramiento obligatorio de ubicaciones. Bequer admitió que muchos mineros registraron datos erróneos por “desconocimiento”, pero defendió la necesidad de corregir estos errores sin penalizaciones desproporcionadas.
Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, alertó que el Reinfo “sigue siendo un escudo para la ilegalidad”. “Están hipotecando el futuro del país y perpetuando la impunidad”, afirmó, exigiendo mayor firmeza del Poder Ejecutivo para frenar la minería ilegal y sus impactos ambientales y sociales.
Gustavo De Vinatea, gerente del IIMP, calificó al Reinfo como “el mayor error del país en materia minera desde 2012”. “Cada prórroga es un nuevo fracaso. Somos el único país donde la minería ilegal tiene protección legal”, denunció, pidiendo sanciones penales efectivas y controles más estrictos en la cadena de suministro.
El debate ahora pasa al Pleno del Congreso, donde se definirá el futuro de una medida que divide a gremios, especialistas y legisladores. La presión de los mineros artesanales y las advertencias sobre riesgos ambientales marcan un escenario tenso para los próximos días.
