La Comisión Regional Anticorrupción de Puno intensificará sus acciones de fiscalización bajo el liderazgo del representante de la Contraloría, quien asumió la presidencia del organismo, según confirmó Benny Álvarez Quiñones, presidente de la Corte Superior de Justicia local.
El grupo reúne al Poder Judicial, Ministerio Público y Gobierno Regional para enfrentar casos emblemáticos de corrupción en la región, con un enfoque en investigaciones penales y procesos judiciales de alto impacto.
El martes 15 aprobarán el Plan de Trabajo 2025 en la Corte Superior, documento que marcará las directrices para acciones preventivas y correctivas durante este año en toda la jurisdicción puneña.
La comisión monitorea actualmente demandas de comunidades por consulta previa y sigue de cerca procesos judiciales relevantes que involucran a funcionarios públicos y entidades regionales.
El organismo integra a municipalidades y la Procuraduría Anticorrupción para implementar medidas concretas que llegarán a provincias y distritos, según lo establezca el plan estratégico.
La iniciativa busca fortalecer la integridad pública en todo el altiplano mediante políticas preventivas y acciones coordinadas entre las principales instituciones del Estado presentes en la región.
