Francisco Izquierdo Jiménez, presidente de la Comunidad Campesina de Nojonunta en San Gabán, provincia de Carabaya, denuncia intentos de invasión por pobladores de los distritos de Camanti y Quispicanchi del Cusco. La controversia territorial abarca 27 mil hectáreas disputadas entre ambas regiones desde el 2024. Los invasores pertenecen aparentemente a la organización “Asociación de Agricultores Alto San Lorenzo de Quincemil”. La comunidad puneña cuenta con 346 comuneros empadronados y reconocimiento oficial mediante Resolución Directoral N° 000786-217-GRPUNO/DRA desde 2017.
“Nosotros no estamos acentuados recién desde el 2024, estamos desde el 2002″, declaró Jiménez sobre la presencia histórica de su comunidad. Los pobladores gestionaron infraestructura incluyendo carreteras y mejoras vecinales durante más de dos décadas, mismas que ahora pretenden ser despojadas por autoridades del Cusco.
Durante julio y noviembre del año pasado ocurrieron los primeros encuentros entre ambas comunidades. Los invasores solicitaron libre transitabilidad pero “han maltratado viviendas, sacado plantaciones y quemado carpas” según testimonio del presidente de la comunidad.
La situación se agravó el 21 de agosto cuando grupos provenientes de Cusco ingresaron al territorio. Al día siguiente, los pobladores esperaban preparados con piedras y fierros de construcción para enfrentar el diálogo propuesto por comuneros de Nojonunta.
“Han traumado los niños con hechos violentos“, relató el dirigente sobre las consecuencias del hostigamiento en las familias fronterizas. Los menores presenciaron actos de violencia que afectan su desarrollo emocional y bienestar.
La Presidencia del Consejo de Ministros visitó la zona en 2019 junto a subgerencias territoriales de Cusco y Puno. Durante el censo aplicado, 19 personas declararon a favor de Puno y solo una persona respaldó a Cusco. “El subgerente de demarcación de Cusco se fue convencido que nuestra comunidad campesina se queda con Puno”, confirmó Jiménez sobre los resultados del estudio técnico oficial realizado por autoridades nacionales.
El problema renace cuando el alcalde de Quispicanchi emitió una resolución favoreciendo a la asociación invasora dentro del territorio puneño para la creación de una nueva comunidad. Esta decisión vulnera derechos territoriales reconocidos por organismos competentes del Estado peruano desde hace varios años.
Los pobladores de San Lorenzo quienes pretenden adueñarse del territorio se dedican principalmente a actividades mineras extractivas de forma artesanal e informal. “Toda esa pretensión de invadirnos es con fines mineros“, explicó el presidente sobre las verdaderas motivaciones del conflicto territorial entre regiones.
Nojonunta rechaza rotundamente la instalación de proyectos mineros en su jurisdicción. La comunidad se dedica exclusivamente a agricultura sostenible respetando el medio ambiente y tradiciones ancestrales de la zona.
La controversia impide la ejecución de proyectos sociales urgentes para la población. Necesitan un centro de salud pero las disputas territoriales paralizan inversiones públicas esenciales para el desarrollo comunitario.
“Estamos sumamente perjudicados por la inoperancia de nuestras autoridades regionales”, manifestó Jiménez sobre la falta de respuesta gubernamental. Los dirigentes solicitan diálogo urgente con la PCM para resolver definitivamente la controversia.
La comunidad propone establecer una mesa técnica que permita llegar a consulta poblacional definitiva. Rechazan versiones del Gobierno Regional del Cusco que reclama territorios sin sustento legal ni histórico válido.
Su posesión territorial data desde años históricos y se encuentra avalada dentro de las 202 mil hectáreas del predio “San Gabán”. Esta propiedad pertenece oficialmente a la Dirección Regional Agraria de Puno según documentación legal vigente.
