Las comunidades campesinas de todo el país han decidido movilizarse hacia Lima en agosto, según informó Pablo Salas Charca, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería e Hidrocarburos, quienes buscan la derogación de la Ley 32293 y el Decreto Legislativo 1620 debido al impacto sobre sus recursos hídricos.
Salas Charca explicó que estas normas representan una seria amenaza para los pueblos ancestrales ya que ponen en riesgo el acceso al agua, elemento indispensable que sustenta la vida y las actividades en todos los territorios campesinos a nivel nacional.
Indicó que el Decreto Legislativo 1620 promueve la privatización de las fuentes acuíferas ubicadas en zonas comunales y podría permitir que empresas privadas tomen control del recurso a través de alianzas público-privadas, generando preocupación en el sector rural.
Empresas como Sedapal Lima, Seda Juliaca y Emsa Puno ya gestionan la distribución de agua potable en zonas urbanas y asentamientos humanos, relató Salas Charca, ejemplificando cómo este proceso afecta directamente a más peruanos
Destacó que el artículo 10 del citado Decreto Legislativo dispone la “concesión de fuentes de agua”, refiriéndose a ríos y lagunas situados en tierras de propiedad comunal, lo cual podría generar cambios drásticos en la disponibilidad de este recurso.
El dirigente reveló que, actualmente, pese a la entrega del agua a barrios y asentamientos, las comunidades campesinas no perciben ingreso alguno por la venta de ese bien, mientras algunos funcionarios sí obtienen ventajas.
Advirtió que la situación podría agravarse en los próximos meses si empresas transnacionales ingresan a operar en el país, pues existen corporaciones francesas, españolas, brasileñas y chilenas interesadas en adquirir estas concesiones.
Precisó que desde el Ejecutivo se incentiva abiertamente esta política de privatización, pero la decisión no cuenta con el respaldo de quienes viven directamente en los territorios afectados
Por ello, la marcha hacia Lima es inminente, recalcó Salas Charca, ya que se coordinan acciones conjuntas con organizaciones agrarias y distintos gremios para fortalecer la movilización.
Explicó que el Consejo Regional de Presidentes de Comunidades Campesinas Puno, encargada de la convocatoria, formalizó su creación el último sábado y actualmente desarrolla su proceso de registro ante notario.
Detalló que la organización no se considera un gremio sino una entidad territorial compuesta por habitantes con tierras, agua, recursos naturales, templos y escuelas que mantienen identidad y costumbres propias.
Recordó que antes de llamarse comunidades campesinas, durante el gobierno de Juan Velasco, estas organizaciones colectivas eran denominadas comunidades indígenas u originarias, como lo reconoce Naciones Unidas.
Dijo también que, en ese sentido, existen tratados internacionales que amparan y protegen los derechos de estos pueblos a nivel mundial, según los acuerdos vigentes.
La aspiración principal ahora es lograr que el Ministerio de Cultura reconozca oficialmente a las comunidades campesinas como pueblos originarios, para reforzar la defensa de su territorio y patrimonio.
Las comunidades campesinas esperan que la movilización nacional y la organización colectiva les permitan alcanzar la derogación de las leyes que vulneran sus derechos, así como el reconocimiento estatal de su identidad y la defensa de sus recursos básicos.
