El coordinador regional de personas afectadas por metales pesados, Félix Suasaca, junto a representantes de siete comunidades campesinas ubicadas en las riberas del río Coata, exigieron hoy al gobierno regional y a la Autoridad Nacional del Agua la construcción inmediata de defensas ribereñas, después de que el desborde anual arrastra metales pesados, relaves mineros y aguas residuales desde Juliaca hasta la bocatoma.
Las comunidades de Carata, San Francisco, Lluco, Llachahui, Auquecilla, Sucasco y Santiago Soraza, que abarcan hasta el límite con Juliaca, documentaron casos de habitantes hospitalizados con insuficiencia renal, infecciones urinarias crónicas y concentraciones elevadas de metales pesados en sangre; el mes pasado falleció una mujer entre las 13:00 horas y la madrugada por intoxicación con estos elementos.
«Ya no queremos más mentiras, el Poder Judicial sentenció a un hermano a ocho años por intervenir en la franja marginal», declaró Suasaca durante la reunión con funcionarios ambientales.
Población sin agua potable
El presidente de la comunidad campesina San Francisco, Richard Sosa Macaya, reveló que cada familia recibe únicamente 20 litros de agua diarios del Estado, cantidad insuficiente para seis personas que desayunan, almuerzan y cenan; los pozos subterráneos están contaminados y ya no pueden utilizarse para consumo humano según análisis no oficializados.
La franja marginal de 50 metros a cada lado del río cuenta con resolución de la ANA que obliga al mantenimiento de defensas, pero las autoridades hídricas incumplen esta normativa desde hace años, mientras la población teme realizar trabajos preventivos por las consecuencias penales que enfrentó un comunero procesado por la fiscalía ambiental.
Los dirigentes solicitaron una inspección inmediata al cauce del Coata, tamizajes masivos de metales pesados en la población y la ejecución del proyecto de defensas ribereñas en 2025, ante la llegada de la temporada de lluvias que repetirá los desbordes que devastan cultivos, pastizales y envenenan las fuentes de agua de más de 200 familias empadronadas.
