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Condenan a ocho años de cárcel a dos implicados en tráfico ilegal de madera en Puno

Sentencia acreditó traslado ilegal de pashaco, lupuna y sapote desde Puerto Maldonado; Fiscalía afirmó que se usó una guía falsa y reiteró que la lupuna es especie protegida

Fiscalía Ambiental logró condena de ocho años para Rubén Maynas y Guido Candia por transportar madera protegida con documentos falsos; deberán pagar 20 mil soles al Estado

La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno consiguió que el Poder Judicial imponga ocho años de prisión efectiva a Rubén Maynas y Guido Candia, quienes además deberán pagar una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado peruano.

La fiscal adjunta provincial Margareth Romaní Portugal sostuvo que la sentencia se dictó por el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables agravado en concurso ideal con responsabilidad por información falsa contenida en informes, lo que configuró una actuación deliberada para burlar la ley.

Durante el juicio oral se probó que los sentenciados adquirieron y trasladaron madera aserrada de las especies pashaco, lupuna y sapote sin contar con documentos que acrediten procedencia legal, el cargamento incluía 71 piezas de pashaco, 60 de lupuna y 95 de sapote.

La investigación estableció que la ruta partía desde la ciudad de Puerto Maldonado con destino a Arequipa, el 31 de julio del 2020 Rubén Maynas fue intervenido por personal del Puesto de Control Forestal y de Fauna Silvestre San Gabán del Serfor Puno, donde se detectó la infracción.

El Ministerio Público demostró que los condenados utilizaron una guía de transporte forestal falsa para aparentar legalidad y evitar los controles, este documento simulaba un origen regular del cargamento pese a que la procedencia real de la madera no contaba con autorizaciones oficiales.

La Fiscalía remarcó que la especie lupuna se encuentra protegida por la legislación nacional según el Decreto Supremo 043 2006 AG, por lo que la extracción y traslado sin permisos agrava la responsabilidad penal, y la sentencia busca enviar un mensaje firme contra el tráfico ilegal de recursos forestales.

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