El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Elvis Vergara Mendoza enfrentó un tenso incidente en Juliaca este 9 de septiembre. José Carlos Gutiérrez Sancho, representante de las autoridades originarias Apu Mallku, lo interceptó durante una actividad oficial para exigirle respuestas por su presunto blindaje a la presidenta Dina Boluarte en casos como Rolex, cirugías plásticas y los asesinatos en protestas. Vergara esquivó las preguntas y huyó en su vehículo escoltado por seguridad estatal.
«No permitiremos que congresistas que protegen este régimen entren a Puno», advirtió Gutiérrez Sancho tras declarar a Vergara persona no grata. El dirigente denunció que el legislador evadió el diálogo y aceleró su auto para escapar, mientras el congresista Wilson Quispe intentó protegerlo.
Vergara tiene un historial polémico: votó por la vacancia de Pedro Castillo, apoyó el archivamiento del caso Rolex y bloqueó la Denuncia Constitucional 509, que buscaba justicia por la masacre del 9 de enero de 2023 en Juliaca. Su bancada también frenó investigaciones contra Boluarte, según denuncias de colectivos puneños que exigen verdad y reparación para las 49 víctimas mortales de las protestas.
«Un congresista con este historial no tiene autoridad moral», señalaron dirigentes en un comunicado. Exigieron que Vergara pida perdón público y rompa con la «red de blindajes» que protege al Gobierno. «La memoria de nuestros mártires no se negocia», enfatizaron, recordando que 18 muertos en Puno siguen impunes desde 2023.
El incidente ocurrió a plena luz del día en una plaza céntrica de Juliaca. Testigos grabaron cómo Vergara eludió al dirigente y partió a toda velocidad, mientras Gutiérrez Sancho lo acusaba de «terruquear a la población». El congresista Wilson Quispe, también presente, intentó mediar sin éxito para evitar el conflicto público.
Acción Popular ha sido señalada por obstruir justicia en casos clave. Vergara, además, está vinculado al caso “niños”, una supuesta red de corrupción dentro del Congreso. «¿Dónde está su compromiso con las víctimas?», cuestionaron manifestantes, quienes portaban fotos de los fallecidos en las protestas como símbolo de su lucha.
El representante originario subrayó que no habrá impunidad para quienes «traicionan al pueblo». «Si no exigen justicia, no son bienvenidos», sentenció Gutiérrez, respaldado por comunidades que exigen sanciones a responsables políticos de la represión. La tensión escaló cuando Vergara se negó a pronunciarse sobre las demandas históricas de Puno.
El congresista nunca ha respondido por su rol en el archivamiento de denuncias. «Blindar a Boluarte es cómplice de la sangre derramada», declaró un familiar de las víctimas. La región exige reparaciones integrales y el fin de la criminalización contra líderes sociales.
Este rechazo masivo se suma a protestas previas contra su bancada. En enero de 2023, 49 personas murieron en conflictos sociales, pero ningún funcionario ha sido sancionado. «Queremos hechos, no discursos», clamaron los presentes, mientras Vergara abandonaba la zona bajo resguardo policial, evitando declarar a la prensa local.
