El jefe de Administración del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), es denunciado por actos irregulares en su gestión y un posible direccionamiento a favor de la que sería su conviviente, Leydi Laura Huayama Huamán, con quien habría salido del país varias veces según el reporte migratorio de ambos.
El congresista Carlos Zeballos Madariaga solicitó información documentada sobre la designación de Jimmy Erison Flores Mechan, tras conocerse que fue designado por el exdirector Guido Villanueva, que habría favorecido a su presunta conviviente con órdenes de servicio que suman miles de soles, según documentos adjuntados en la solicitud de Zeballos. Las acusaciones señalan manejo indebido en logística y abastecimientos desde su llegada a Puno en enero de 2025.
Durante una reunión el 12 de noviembre, funcionarios municipales de Capachica revelaron que el expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de la transferencia tecnológica del ganado vacuno lechero” omite la alimentación eléctrica trifásica esencial para operar la planta láctea, lo que podría paralizar su funcionamiento y generar pérdidas millonarias.
Además, se detectó la ausencia de un plan para abastecer los 9 mil litros diarios de agua potable que requiere la planta. Los responsables admitieron que no existe un convenio formal con las municipalidades, solo un “compromiso verbal” de gestiones anteriores, lo que incrementa el riesgo de conflictos legales y sobrecostos no presupuestados.
Otro hallazgo crítico es la falta de una planta de tratamiento de residuos orgánicos, indispensable para evitar contaminación y malos olores. Esta omisión afectaría directamente a las comunidades de los distritos de Huata, Coata, Capachica, Paucarcolla y Caracoto, donde se ejecuta la obra con inversión estatal.
El congresista invocó la Ley de Transparencia para exigir respuestas en siete días, amparado en el artículo 96° de la Constitución y el Reglamento del Congreso. “Sin documentos que respalden estos vacíos, el proyecto podría colapsar”, advirtieron fuentes cercanas a la fiscalización.
Las irregularidades se suman a denuncias previas sobre contratos sin sustento y designaciones cuestionadas, como las órdenes de servicio 180, 423 y 1032, asignadas a Huayama Huamán sin procesos transparentes. El PEBLT enfrenta ahora presión para aclarar estos hechos y garantizar la viabilidad técnica y ambiental de la iniciativa.
La falta de acciones concretas y la opacidad en la gestión han generado malestar en la población, que exige soluciones inmediatas. Mientras tanto, el PEBLT tiene plazo hasta el 1 de diciembre para entregar la documentación requerida y evitar sanciones por incumplimiento.
