Más de 5.000 mujeres registradas como víctimas de violación sexual durante el conflicto armado interno podrían ver a sus agresores en libertad, tras la aprobación en primera votación de la polémica ley de amnistía general en el Congreso peruano. Así lo advirtió Jennie Dador, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Dador explicó que la norma beneficiaría a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa involucrados en delitos cometidos durante la lucha antisubversiva entre 1980 y 2000, siempre que no tengan una sentencia firme. Además, se contempla la liberación de condenados mayores de 70 años.
Los crímenes abarcan asesinatos, violaciones sexuales, incluidas las grupales y contra menores, y otros delitos considerados de lesa humanidad, los cuales afectan gravemente la convivencia social y no prescriben, según el derecho internacional, indicó.
La medida genera especial preocupación porque muchas víctimas fueron niñas y adolescentes que quedaron embarazadas tras las agresiones. Muchas de ellas criaron solas a los hijos de sus violadores, sin recibir justicia ni apoyo económico del Estado.
Obstáculos en la búsqueda de justicia
Hasta ahora, solo un caso ha llegado a sentencia firme: el de Manta y Vilca, en Huancavelica. Allí, 11 miembros del Ejército fueron condenados tras más de 40 años de lucha de las víctimas por acceder a la justicia, indicó.
Los procesos judiciales en estos casos se han prolongado durante décadas. Los acusados suelen recurrir a mecanismos legales para retrasar los juicios, mientras las Fuerzas Armadas han evitado entregar información importante sobre los responsables y las víctimas.
Ante este panorama, Dador señaló que la única esperanza está en que los jueces apliquen el control difuso y declaren inconstitucional la ley, ya que vulnera tratados internacionales suscritos por el Perú que obligan a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad.
De las más de 22.000 personas desaparecidas registradas durante el conflicto, solo se ha avanzado en unos 3.000 casos. Las otras 19.000 siguen sin ser localizadas, a pesar de que las autoridades militares conocen la ubicación de fosas comunes y lugares de entierro, según denunció.
