La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el archivo de la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte. El informe final rechazó la acusación por presunta responsabilidad en las muertes durante las protestas de diciembre 2022.
Carlos Rivera miembro del equipo jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos calificó la decisión como previsible. «Hay un pacto de impunidad entre la presidenta y las fuerzas políticas que controlan el Congreso de la República» declaró.
El Ministerio Público presentó tres denuncias constitucionales contra Boluarte por los hechos violentos de las protestas sociales. Patricia Benavides presentó seis casos el 27 de noviembre de 2023 por homicidio calificado y lesiones graves.
Fiscalía recabó extensa evidencia probatoria
Villena Campana presentó una denuncia de 1888 páginas hace un año el 26 de julio de 2024. La investigación abarcó 43 asesinatos adicionales ocurridos durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte en diversos departamentos del país.
Rivera explicó que la Fiscalía logró avances notables identificando a los responsables directos de los disparos. «En muchos casos como Ayacucho se había identificado quienes dispararon contra los manifestantes» según las investigaciones judiciales realizadas.
La evidencia probatoria abarca 10 acontecimientos violentos registrados durante ocho semanas consecutivas de protestas. Los hechos van desde Andahuailas el 9 de diciembre de 2022 hasta el 9 de febrero de 2023.
Juliaca: Represión y Víctimas en las Protestas
En diciembre de 2022, miles de peruanos, especialmente en el sur del país, salieron a las calles para exigir elecciones anticipadas tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo. Las protestas, que inicialmente fueron pacíficas, se tornaron violentas debido a la respuesta brutal de las fuerzas de seguridad. El 9 de enero de 2023, en la ciudad de Juliaca, 18 manifestantes y transeúntes resultaron muertos a causa de las lesiones sufridas durante los enfrentamientos.
Entre los casos más trágicos se encuentra el de Marco Antonio Samillán, un estudiante de medicina de 30 años que acudió a auxiliar a los heridos durante las protestas y terminó siendo víctima de un disparo en la espalda. Otro caso conmovedor es el de Reynaldo Illaquita Cruz, de 19 años, quien trabajaba en un aserradero y fue impactado por una bala en el tórax mientras buscaba su almuerzo. Jhamileth Nataly Aroquipa, una estudiante de Psicología de 17 años, recibió un disparo en el estómago mientras hacía mercado con su familia.
Estas muertes, junto con las de otros manifestantes y transeúntes como Crhistian Mamani Hancco, un cantante y bailarín de música folclórica de 22 años, han dejado un profundo dolor en sus familias y comunidades. Las víctimas, que incluían estudiantes, trabajadores y transeúntes, fueron alcanzadas por disparos mientras participaban en las protestas o simplemente transitaban por la zona. Estos eventos han generado un llamado urgente por justicia y responsabilidad por parte de las autoridades peruanas.
Presidenta contradice testimonios oficiales
Boluarte declaró ante la Fiscalía que no tenía información de los acontecimientos durante las protestas sociales. «Se enteraba por la televisión» según su versión oficial contradecida por altos funcionarios del Estado peruano.
El presidente del Comando Conjunto Gómez de la Torre contradice la versión presidencial sobre su conocimiento. «Me reuní con la presidenta y le informé» declaró el alto oficial militar ante los fiscales.
Los ministros del Interior Cervantes y Rojas también contradicen la versión de Boluarte sobre su desconocimiento. «Le dábamos informaciones diariamente» testificaron los exfuncionarios ante la Fiscalía de la Nación según Rivera.
Investigación queda paralizada sin autorización
El archivo impide que el Ministerio Público continúe la investigación preparatoria contra Boluarte y seis exministros. «La fiscalía no puede hacer nada sin esa autorización del Congreso» explicó el jurista especializado.
Rivera advierte que la decisión bloquea totalmente las pesquisas judiciales contra todos los implicados del caso. «Aquí acaba la historia» para la investigación penal según las normas procesales vigentes en el país.
Las víctimas pueden recurrir al sistema interamericano de derechos humanos como única alternativa legal disponible. El Estado peruano deberá remover los obstáculos del derecho interno según la jurisprudencia internacional en casos similares.
