El Congreso de la República ha aprobado un presupuesto de 1.412 millones de soles para el año fiscal 2025, generando una profunda preocupación entre analistas políticos y económicos por su impacto en las finanzas públicas. El incremento representa un aumento de 300 millones respecto al año 2023 y más de 800 millones en comparación con ejercicios fiscales anteriores, lo que evidencia un crecimiento presupuestal significativo en momentos de ajuste económico nacional.
El abogado, Iván Trujillo Ilasaca, advirtió que aproximadamente el 80% de este presupuesto se destinará al pago de salarios para una plantilla que ha crecido de manera exponencial, pasando de poco más de 2.000 tra-bajadores hace cinco años a más de 3.600 en la actualidad. Del total de estos empleados, alrededor de 3.000 habrían sido contratados directamente por decisión de los propios congresistas, lo que genera dudas sobre la transparencia y necesidad de tales nombramientos.
En un contexto económico complejo, donde el Banco Central de Reserva proyecta un crecimiento económico limitado al 3% y advierte un significativo déficit fiscal, el incremento presupuestal del Congreso se percibe co-mo un acto de irresponsabilidad administrativa. Trujillo enfatizó que el Estado está gastando considerablemente más de lo que recauda, una situación que podría desencadenar una potencial crisis económica o un proceso inflacionario que afectaría directamente a los ciudadanos.
Según el análisis de Trujillo, la Contraloría General de la República enfrenta limitaciones para supervisar com-pletamente el gasto del Congreso, especialmente en áreas como la Comisión de Inteligencia, donde los gastos se realizan sin un control efectivo. La ciudadanía y los organismos competentes están llamados a exigir transpa-rencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos públicos.
