La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó de manera unánime este viernes la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra once parlamentarios que aprobaron una normativa que permite a legisladores cobrar simultáneamente sueldo y pensión como oficiales retirados de las fuerzas armadas y policiales sin restricciones.
Trece miembros de la subcomisión respaldaron la decisión de improcedencia, mientras que dos congresistas optaron por abstenerse y ninguno votó en contra. La secretaría del organismo elaboró un informe técnico que sustenta esta decisión, argumentando que la acusación fiscal no identificó una clara infracción constitucional en las acciones de los legisladores denunciados.
Los once parlamentarios señalados por el Ministerio Público formaban parte de la Comisión de Defensa, donde se gestó la aprobación de la controvertida ley. La fiscal Espinoza los acusó del presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado, al considerar que existía un evidente conflicto de interés en la tramitación de dicha norma.
Denuncia fiscal contemplaba beneficio directo para cinco congresistas
La investigación fiscal señalaba específicamente que la normativa beneficiaba directamente a cinco de los parlamentarios denunciados: José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza, quienes podrían percibir simultáneamente su remuneración como congresistas y sus pensiones como oficiales retirados.
El caso generó controversia por el aparente conflicto entre interés público y beneficio personal en la aprobación de una ley que favorecía directamente a sus promotores. La denuncia, presentada inicialmente el miércoles por el Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, también incluía a otros seis congresistas: Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.
La Fiscalía argumentó que los parlamentarios se habrían «interesado indebidamente» en la aprobación del Proyecto de Ley N.º 319/2021-CR durante el período 2021-2022, eliminando restricciones económicas que existían previamente para la percepción simultánea de pensión militar o policial y sueldo como funcionarios electos.
Implicaciones legales más allá del rechazo a la denuncia
Los congresistas Williams, Montoya, Chiabra y Cueto percibieron pensiones de las Fuerzas Armadas además de sus remuneraciones parlamentarias, mientras que Azurín recibió pensión policial, según detalló el Ministerio Público en su comunicación oficial sobre la denuncia constitucional presentada contra los legisladores.
La decisión de la subcomisión significa un revés para la Fiscalía de la Nación en su intento de procesar constitucionalmente a los parlamentarios involucrados, aunque la normativa continuará siendo objeto de cuestionamientos por sus implicaciones éticas y presupuestarias en el contexto de la función pública peruana y el manejo de los recursos del Estado.
