El Congreso debate la quinta prórroga del Reinfo por dos años más, aprobada en la Comisión de Energía y Minas, que exime de responsabilidad penal y ambiental a mineros ilegales vinculados con extorsión, trata de personas y prostitución infantil, según advirtió el vicepresidente de la Sociedad de Minería, Gonzalo Quijandría Fernández, quien alertó que esta medida otorga carta blanca a economías ilícitas que operan en más de 20 regiones del país.
La propuesta impide al Estado suspender el Reinfo a quienes lo utilizan mal, incluyendo dragas que contaminan el río Nanay y el agua de Iquitos, mediante una disposición complementaria que anula las facultades de fiscalización gubernamental y amarra las manos al Estado para defenderse ante actividades ilegales durante el periodo de ampliación.
El representante gremial declaró: «Una prórroga del Reinfo por dos años, como ha sido aprobada en la Comisión de Energía y Minas, sin condicionamientos, lo que te está diciendo es carta blanca para esas economías ilegales, peor que antes, porque son dos años donde no hay ningún tipo de responsabilidad penal y ambiental».
Economía ilegal millonaria
La minería ilegal representa el segundo productor de oro del país, movilizando una economía de 20 mil millones de dólares anuales que genera distorsiones políticas en contexto electoral, según reveló el directivo minero, quien cuestionó las motivaciones del Congreso para aprobar una norma de esta naturaleza que beneficia actividades criminales vinculadas directamente con organizaciones delictivas.
La ampliación perjudica principalmente al pequeño minero formal, invadido por mineros ilegales que operan con Reinfo sin quien los defienda, afectando a personas que ejercen la actividad registrada hace años en pequeña escala y atienden un mercado importante para el país, mientras los informales prestan sus autorizaciones a operadores ilegales para comerciar sin control.
El Tribunal Constitucional sentenció que renovar una vez más el Reinfo viola la Constitución, estableciendo que no debería ampliarse nuevamente, menos con exención de responsabilidades penales y ambientales por las actividades realizadas durante el periodo de vigencia del registro integral de formalización minera.
Sanciones internacionales
La Comunidad Andina de Naciones se pronunció contra la minería ilegal, advirtiendo que una prórroga del Reinfo generaría sanciones a las exportaciones peruanas de productos agrarios y otros sectores comerciales, pues la medida promueve actividades ilícitas transfronterizas que afectan a los países miembros del bloque regional andino.
Quijandría Fernández señaló: «El Estado tiene que poder fiscalizar y tiene las armas para hacerlo», demandando control sobre plantas de tratamiento que compran mineral de origen ilegal y pidiendo a los partidos políticos que se comprometan a no recibir dinero de actividades ilegales, especialmente de minería ilegal, en el actual contexto electoral nacional.
El vicepresidente de la Sociedad de Minería hizo un llamado a los congresistas para que recapaciten y eviten aprobar una norma abiertamente inconstitucional que generará crecimiento de actividades ilegales, inseguridad y violencia, recordando los 13 muertos en Pataz y advirtiendo que estamos jugándonos el país y su seguridad con esta decisión legislativa.
