La Mesa Directiva del Congreso aprobó presupuesto para financiar la defensa legal de parlamentarios investigados por la Fiscalía, basándose en una normativa que no aplica a legisladores. Kelly Portalatino, Patricia Chirinos, Luis Cordero Jon Tay, Hilda Portero y Cheryl Trigozo Reátegui son algunos de los beneficiados con este cuestionado acuerdo.
El pacto permite a congresistas con procesos judiciales recibir hasta ocho UIT (aproximadamente 40,000 soles) para cubrir honorarios de abogados. Cuando consultados por esta prerrogativa, muchos parlamentarios afirmaron desconocer el acuerdo pese a haberlo solicitado o estar utilizándolo.
“Desconozco totalmente”, respondió Kelly Portalatino, aunque luego admitió haber solicitado esta defensa porque “han mancillado mi honor muchos medios de comunicación”. La legisladora de Perú Libre enfrenta investigación por presunta negociación incompatible en agravio del Estado.
“No hay base legal para que el Parlamento cubra estos gastos. Es un mal uso y la Contraloría General de la República tendría que investigar ello”
Patricia Chirinos, investigada por presuntas coordinaciones con la exfiscal Patricia Benavides, confirmó estar utilizando este beneficio: “Ya es la segunda vez que voy a solicitar”. Luis Cordero Jon Tay, implicado en presunta organización criminal, también reconoció haber solicitado este financiamiento.
Utilización indebida de normativa
Hilda Portero, acusada de pertenecer al grupo “Los Niños” vinculado al expresidente Pedro Castillo, admitió tener dos denuncias en la Fiscalía y haber pedido el monto máximo para su defensa legal. “Sí, eso ya… 2800 soles. Si tú mandas tu petitorio, luego ya la mesa lo pasa”, explicó la parlamentaria.
Franco García Lazo, constitucionalista, señala que este acuerdo se basa en la Ley Servir, normativa expresamente excluida del ámbito del Poder Legislativo. “La Ley Servir tiene un espíritu absolutamente distinto a la función congresal”, explicó el especialista, añadiendo que esta ley protege a funcionarios ejecutivos, no legislativos.
“No hay base legal para que el Parlamento cubra estos gastos. Es un mal uso y la Contraloría General de la República tendría que investigar ello”, advirtió el abogado Miguel Ángel Ferreyra. La incorrecta aplicación de esta norma podría constituir malversación de fondos públicos.
Alejandro Rospigliosi indicó que esta práctica debería ser investigada por la Fiscalía. Mientras tanto, algunos legisladores justifican su uso como algo normal: “Yo pensé que era una que estaba dentro de las reglas del Congreso, pero si está allí y se puede utilizar, ¿por qué no hacerlo?”, manifestó un congresista, evidenciando la naturalización de este aprovechamiento del erario público.
