Una fiscalización que demandó más de 9,440 soles únicamente para el alquiler de una camioneta 4×4 generó controversia en el Consejo Regional de Puno, donde trabajos de fiscalización promedian 3,000 soles por actividad. Giorni Bautista Ticona, consejera regional por la provincia de Puno, desconoce la cantidad exacta de presupuesto ejecutado en sus labores de fiscalización, pese a manejar cifras que superan significativamente los estándares regionales.
El Balance Semestral obtenido mediante trámite documental revela que Bautista ejecutó 26,679.75 soles en actividades de fiscalización durante el período evaluado. La cifra contrasta notablemente con los montos que ejecutan sus colegas consejeros en similares labores de supervisión de proyectos del Gobierno Regional.
La fiscalización más costosa se realizó sobre la supervisión de «16 proyectos del sector educación en modalidad de administración directa», aprobada mediante Acuerdo Regional N°241-2025-GRP-CRP del 22 de mayo de 2025. Este proceso concentró la mayor parte del gasto en el alquiler vehicular, dejando recursos limitados para la contratación de profesionales y gastos operativos necesarios.
Los resultados obtenidos tras la inversión de más de 10 mil soles se limitaron a recomendaciones básicas como «garantizar el acceso inmediato al equipo de fiscalización» y «realizar supervisión post-entrega». Ninguna de las observaciones presentó carácter sustantivo o provechoso para mejorar la ejecución de los proyectos educativos supervisados.
Bautista Ticona confirmó que siete proyectos se encuentran en ejecución en la provincia de Puno, todos requiriendo labores de supervisión por parte del Consejo Regional. La consejera explicó que cada proceso de fiscalización demanda recursos para movilidad, contratación de profesionales y gastos operativos, aunque sus procesos superan los estándares regionales.
La funcionaria aclaró que hasta la fecha no existe ninguna denuncia derivada a investigación por parte de la Fiscalía, pese a las múltiples acciones de fiscalización desarrolladas. Esta situación genera interrogantes sobre la efectividad de las supervisiones realizadas con presupuestos escandalosos.
Los informes correspondientes son remitidos a la Contraloría según manifestó Bautista Ticona, quien ante los cuestionamientos no pudo precisar montos exactos de inversión. La consejera aseguró que se continúan realizando labores de fiscalización en distintas obras del ámbito provincial, manteniendo el esquema de gastos actual.
Ninguna de sus labores presentó resultados significativos según el análisis documental, situación que contrasta con la inversión realizada en procesos que superan los 10,000 soles por fiscalización. La efectividad de estas supervisiones queda en entredicho considerando la ausencia de investigaciones derivadas de sus hallazgos.
