El consejero regional por Yunguyo, Rolando Rivera Zeballos, denunció que la mayoría oficialista del Consejo Regional de Puno se repartió las presidencias de comisiones de manera irregular. Según Rivera, esta acción busca continuar el blindaje al gobernador regional Richard Hancco Soncco y evitar una fiscalización adecuada a su gestión durante la última sesión ordinaria.
La distribución de las comisiones no respetó el carácter multipartidario establecido en el reglamento interno del Consejo Regional. Rivera señaló que varios consejeros repitieron en las presidencias que ocuparon en años anteriores, configurando lo que calificó como «una repartija descarada». Esta práctica se viene registrando desde el año 2023, según el denunciante.
Además, el consejero Víctor Raúl Tacuri Idme de la provincia de Carabaya solicitó una sanción pecuniaria y suspensión de ciento veinte días contra Rivera. La medida busca impedir su asistencia al pleno del consejo y que deje de percibir su dieta mensual. Esta solicitud se originó porque Rivera lo llamó «malcriado» durante una sesión anterior.
Rivera rechazó categóricamente el intento de sanción y manifestó que no permitirá ser amedrentado. «No les tengo miedo y que hagan lo que tengan que hacer», expresó el consejero, quien recordó que fue elegido directamente sin arrastre de otros candidatos. Aseguró que continuará denunciando las irregularidades que detecte en la gestión regional.
El consejero por la provincia del Collao, Wilmer Cuido, se retiró de la sesión por sentirse indignado ante la forma irregular de designación. Cuido advirtió que los consejeros oficialistas habían acordado previamente en un chat privado de WhatsApp cómo se repartirían las presidencias de comisiones. Esta práctica evidenció la falta de transparencia en el proceso.
Rivera también reveló que en años anteriores intentaron sacarlo del consejo mediante la Comisión de Ética. En 2023 y 2024 lo enviaron a esa instancia por ausentarse a tres sesiones extraordinarias mientras respaldaba la creación de una universidad en Lima. El consejero considera que estas acciones buscan silenciar las voces de oposición.
Finalmente, Rivera invocó a todos los consejeros regionales a rendir cuentas ante sus provincias sobre su labor fiscalizadora. Cuestionó qué informarán aquellos que no han ejercido control sobre la gestión regional. El consejero anunció que continuará con las denuncias penales contra funcionarios y mantendrá su postura de fiscalización permanente.
