Aproximadamente 1.5 millones de soles respaldan las labores de fiscalización que desarrollan los consejeros regionales de Puno durante el 2025, recursos que financian supervisiones distribuidas desigualmente entre las trece provincias del altiplano, según reveló Elvis Augusto Aliaga Payehuanca, presidente del Consejo Regional.
La Contraloría General implementó desde 2024 una plataforma digital obligatoria donde los consejeros regionales deben registrar sus informes de fiscalización, medida que busca fortalecer el control y transparencia en la gestión pública. Esta disposición normativa establece plazos específicos que todos los representantes provinciales deben cumplir rigurosamente.
Durante el primer semestre del año en curso, los consejeros presentaron sus planes de fiscalización correspondientes, mientras que en julio remitieron los resultados de sus acciones de control directamente a la entidad contralora nacional. Aliaga confirmó que la mayoría de representantes provinciales cumple formalmente con esta normativa vigente.
Sin embargo, persisten brechas significativas en el proceso de fiscalización entre provincias, situación que depende directamente del número de proyectos ejecutados en cada jurisdicción territorial. El presidente del Consejo reconoció desconocer la cantidad mínima o máxima de informes que los consejeros deben presentar obligatoriamente.
La distribución desigual de fiscalizaciones refleja diferencias territoriales en la ejecución, factor que determina la cantidad de supervisiones realizadas por cada consejero según su provincia de representación. Todos los representantes cuentan con recursos económicos suficientes para cumplir sus funciones de control y supervisión.
Aliaga detalló que mecanismos internos supervisan el uso adecuado de los fondos asignados para fiscalizaciones, garantizando que cada consejero disponga de los recursos necesarios. La administración regional implementó controles para verificar la correcta utilización del presupuesto destinado a estas labores de supervisión y control.
Aunque no se reportan sanciones derivadas de los informes presentados durante 2025, algunos casos fiscalizados en años anteriores ya generaron consecuencias legales. Específicamente, investigaciones realizadas en la provincia de Moho fueron trasladadas al Ministerio Público donde actualmente se encuentran en proceso judicial.
