El Consejo de Autoridades Originarias de la Región Puno, a través de su representante José Carlos Gutierrez Sancho – Apu Mallku, manifestó su total rechazo a los prefectos regionales, provinciales y distritales por considerarlos representantes de un gobierno que califican como corrupto y asesino.
Las autoridades originarias denunciaron que el gobierno destina más de 100 millones de soles anuales para mantener a estos funcionarios, mientras que los sueldos de los prefectos regionales aumentaron a 4,012 soles, los subprefectos provinciales a 3,712 soles y los distritales a 3,412 soles, en comparación con los montos anteriores que oscilaban entre 1,800 y 2,800 soles.
El dirigente Gutiérrez Sancho desmintió las declaraciones de la prefecta regional quien había afirmado que las autoridades son designadas bajo propuesta de la comunidad, asegurando que «nunca se nos ha convocado» y que existen solicitudes de varios distritos como Puchi, Lampa y Huancané pidiendo el cambio de sus prefectos sin obtener respuesta alguna.
Las autoridades originarias mantienen su posición de rechazo desde 2022 hacia todos los representantes del gobierno central y anunciaron su participación en las actividades conmemorativas por los fallecidos en Juliaca, convocando a autoridades y ex autoridades a unirse en solidaridad con las víctimas de la represión.
Según un documento citado por el dirigente, en respuesta a un informe solicitado por la congresista Ruth Luque, las autoridades gubernamentales argumentan que ceder ante las peticiones de las autoridades originarias provocaría su empoderamiento y el desconocimiento continuo de la representación de los subprefectos.
El Consejo de Autoridades Originarias consideran que las funciones de los prefectos podrían ser asumidas por los programas sociales, la municipalidad o la policía, calificando estos cargos como decorativos y sin beneficio real para la población de la región que denominan como reserva moral del país.
