El Ilustre Colegio de Abogados de Puno (ICAP) activó su Consejo de Ética para investigar la participación de letrados involucrados como el caso del juez Guido Chevarría Tiznado, tras los hechos que han empañado gravemente la credibilidad del sistema judicial en la región de Puno durante las últimas semanas.
El decano José Luis Ticona Yanqui, confirmó que solo uno de los abogados implicados pertenece al colegio puneño, situación que limita las facultades sancionadoras de la institución gremial sobre el total de profesionales que aparecen en las grabaciones difundidas por medios periodísticos locales.
La institución colegial remitió el material audiovisual al Consejo de Ética, integrado por cinco miembros, quienes evaluarán si corresponde la apertura y procedimiento administrativo disciplinario contra el letrado colegiado identificado en los hechos que comprometen la imparcialidad judicial.
El procedimiento contempla traslado al investigado para ejercer su derecho de defensa, audiencia probatoria si se ofrecen medios de prueba, y resolución que puede derivar en sanción, absolución o archivo del expediente administrativo, con posibilidad de apelación ante el Tribunal de Honor institucional.
El decano precisó que Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Puno constituye el órgano competente para sancionar directamente al magistrado Chevarría Tiznado, con recursos de apelación que pueden llegar hasta el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en Lima.
La Junta Nacional de Justicia también podría tomar conocimiento del caso por sus facultades de nombramiento y ratificación de magistrados a nivel nacional, mientras que el sistema judicial enfrenta una crisis de credibilidad que afecta la administración de justicia puneña.
