La contaminación generada por actividad minera en la cuenca del río Ramis continúa incrementándose sin que las autoridades presenten soluciones concretas, según denunció el dirigente Pedro Callohuanca, quien representa a las comunidades afectadas por los relaves mineros provenientes de Ananea y La Rinconada.
El líder comunal responsabilizó directamente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al Ministerio de Energía y Minas, además del Congreso, instancias que según su criterio priorizan los intereses de los contaminadores por encima de la salud de las poblaciones ribereñas y el cuidado del medio ambiente.
Callohuanca se pronunció sobre la reciente visita de mineros del centro poblado La Rinconada y Cerro Lunar de Oro, concluyendo que la actividad extractiva se desarrolle con responsabilidad ambiental, enfatizando que las comunidades de la cuenca alta del Ramis tienen derecho a trabajar y sustentar a sus familias, siempre que respeten las normas de protección al medio ambiente y eviten verter relaves a los cursos de agua.
La contaminación se agrava especialmente durante las noches y días feriados, cuando las operaciones mineras descargan relaves directamente al río Ramis sin control de las autoridades fiscalizadoras. Los desechos mineros son consumidos por el ganado y contaminan el agua que utilizan las comunidades para diversas actividades.
El dirigente expresó su desacuerdo con la gestión del Congreso de la República, cuyos miembros según afirmó nunca se han identificado con la problemática ambiental de la cuenca Ramis. A la vez las reuniones entre dirigentes y alcaldes de la cuenca alta se repiten sin generar resultados concretos.
Callohuanca informó sobre un avance de proyectos, donde tras prolongadas exigencias de las organizaciones sociales se logró completar el saneamiento físico del terreno como primer paso. La siguiente etapa contempla la elaboración del expediente técnico, proceso que según explicó el dirigente demandará tiempo considerable antes de materializarse en acciones concretas.
El llamado del representante comunal se dirige fundamentalmente a que el gobierno nacional implemente acciones efectivas en lugar de multiplicar normas sin aplicación práctica. Callohuanca demandó al Congreso la aprobación de leyes que protejan a la población afectada y no a los agentes contaminadores, mientras las autoridades ministeriales asumen sus responsabilidades de fiscalización y sanción frente a operaciones mineras que continúan degradando el ecosistema de la cuenca Ramis.
