La Contraloría detectó que la Municipalidad Provincial de Huanta devengó irregularmente 39,245.37 soles por supervisión de obra sin verificación técnica, mientras el alcalde Belisario Lope Romani anulaba pagos a trabajadores y proveedores por falta de liquidez en el cierre fiscal 2025.
La inspección realizada entre el 12 y 16 de enero de 2026 reveló que el Subgerente de Supervisión Luis Alberto Fernández Sosa otorgó conformidad mediante Informe 01014-2025-MPH sin evaluar la liquidación del contrato del consorcio SERVICOST ADENCAR S.A.C. en la obra Santa Rosa de Araujo.
«A fin de que no se retorne al Tesoro Público y tengamos que hacer un reconocimiento en el año 2026», justificó el funcionario en el documento oficial, priorizando gastar el presupuesto antes de verificar si el trabajo estaba correctamente terminado según la Orden de Servicio 0002550.
Cadena de responsabilidades institucionales
El Jefe de la Oficina General de Administración, Edwin Emilio Barboza Sinchitullo, autorizó el devengado mediante Memorando 1181-2025-MPH/OGA a pesar de la falta de sustento, mientras la evaluación técnica real recién se aprobó el 8 de enero de 2026.
El Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial tramitó los informes conociendo que la verificación aún no existía, mientras la Oficina de Contabilidad registró el gasto en el SIAF sin documentación mínima requerida por la Directiva de Ejecución Presupuestaria vigente.
La gestión enfrenta crisis por falta de disponibilidad financiera en rubros de Otros Impuestos Municipales (OIM) y Fondo de Camisea (FOCAM), obligando a la Oficina de Tesorería a devolver expedientes y anular devengados ya registrados durante el ejercicio fiscal 2025.
Proveedores afectados por anulaciones
Entre los expedientes anulados figura el SIAF 5638 de Electrocentro S.A. por 12,772.80 soles, además de pagos a Vilca Navarro Esau, Quispe Ore Brayan Alex y Velasque Quispe Nilda Flor por 1,300 soles cada uno, todos con cargo al rubro OIM sin saldo financiero.
El Memorando 010-2026-MPH/OGA autorizó las anulaciones por falta de disponibilidad financiera, vulnerando el derecho de los proveedores a recibir su pago tras cumplir con su labor, generando sobrecarga operativa para el año 2026 y riesgo de demandas judiciales contra la municipalidad.
El informe advierte alto riesgo de pagos indebidos al reconocer deudas sin verificación técnica, además la normativa precisa que el reconocimiento de devengados sin cumplir criterios de ley acarrea responsabilidad administrativa, civil y hasta penal para el Titular de la Entidad.
