La Contraloría General de la República descubrió tres situaciones irregulares en el manejo del dinero público de la Municipalidad Provincial de Azángaro durante los últimos diez días de diciembre de 2025, comprometiendo más de 700 mil soles en gastos que no cumplen con los requisitos legales establecidos por las normas vigentes.
El Órgano de Control Institucional identificó que la municipalidad otorgó la buena pro a proveedores que no acreditaron los requisitos técnicos exigidos en los términos de referencia, afectando la legalidad del gasto público y el uso adecuado de los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos de Azángaro.
Entre los casos observados está la contratación de un trabajador para construcción de estructura de concreto en el terminal terrestre por 13 mil soles, donde el personal propuesto no demostró la experiencia mínima requerida de seis meses en obras públicas o privadas como operario calificado.
También se encontró que la empresa MERSUR SAC recibió 12 mil soles por servicios de monitoreo ambiental en la Planta de Valorización de Residuos sin contar con certificación de laboratorio acreditado por INACAL ni certificados de calibración de equipos vigentes a su nombre, tal como lo exigían los términos de referencia aprobados.
La Contraloría detectó que tres estudios de preinversión fueron contratados mediante recibos por honorarios de cuarta categoría cuando debieron facturarse como renta de tercera categoría, ya que los servicios fueron realizados por equipos multidisciplinarios de tres profesionales cada uno, incluyendo ingenieros civiles, arquitectos y economistas trabajando de forma coordinada.
El informe también reveló que doce expedientes por un total de 545 mil 106 soles fueron registrados en el sistema SIAF sin el visto bueno del área de Control Previo de la Subgerencia de Contabilidad, y varios carecían de documentos esenciales como estudio de mercado y términos de referencia para sustentar el gasto.
La Contraloría General ha remitido el Informe de Visita de Control número 003-2026 al alcalde Salvador Apaza Flores, quien tiene cinco días hábiles para informar las acciones correctivas que adoptará la municipalidad frente a estas observaciones que afectan el cumplimiento de objetivos institucionales y el adecuado manejo de fondos públicos.
