La Contraloría General de la República, ejecutó en la región Puno 577 intervenciones en entidades públicas de los tres niveles de gobierno, donde se identificó un perjuicio económico superior a los 14 millones de soles; además de identificarse responsabilidad administrativa, civil y penal, informó el gerente regional de Control en Puno, Vladimiro Vegas Palomino.
Señaló que, dichas responsabilidades se dieron en su mayoría en gobiernos locales, Gobierno Regional, sector salud y otros; por ejemplo, se entregaron bonos covid-19 a personal administrativo y a los que cumplieron trabajo remoto.
“Tenemos 50 casos aproximadamente, donde se identificó responsabilidad civil o penal, estos ya fueron derivados al procurador público para que inicie acciones”, dijo, al tiempo de indicar que en muchos de los el funcionario actúa al margen de la norma que establece diversos parámetros y que a su vez son vulnerados, perjudicando a la entidad.
A través de Pachamama radio, sostuvo que la Contraloría tiene capacidad sancionadora en algunos casos, lo cual involucra la inhabilitación de hasta cinco años en el ejercicio público de determinado funcionario.
“Tenemos un caso donde se va a aplicar esta sanción, mientras nuestra labor de control continuará”, manifestó.
