La Contraloría General de la República, determinó durante el año 2022 presuntas responsabilidades de hechos irregulares en 595 funcionarios públicos pertenecientes a diversas entidades públicas de la región Puno, como resultado de los informes de control posterior ejecutados.
Durante la exposición del balance de gestión del control gubernamental del año pasado, se informó que la Contraloría emitió un total de 2356 informes de control en la región, de los cuales 898 corresponden al control posterior, que incluye 10 auditorías de cumplimiento, 54 servicios de control específico, 827 acciones de oficio posterior, seis auditorías financieras y una auditoría de desempeño.
Las auditorías y servicios de control específico realizadas a las entidades públicas que funcionan en la región permitieron efectuar el control a un monto de 1733 millones de recursos del Estado, de los cuales la ejecución de 28 millones de soles fue observada por los equipos de auditores de la Contraloría, identificándose, además un perjuicio económico por 17 millones de soles.
Además de los servicios de control posterior, la Contraloría lleva culminados 1432 servicios de control simultáneo durante el año 2022, como resultado de este tipo de control gubernamental, se identificaron 3782 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.
Sin embargo, 2778 situaciones adversas (73%) no han sido corregidas y en 443 (11%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 561 (14%) situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.
Para el presente año 2023, se ha programado realizar en la región Puno 750 servicios de control, de los cuales 555 corresponden al control simultáneo y 195 a control posterior.
Entre las principales materias a intervenir figuran irregularidades en el procedimiento de selección adjudicación simplificada convocada para la contratación de servicio mantenimiento de válvulas y compuertas radiales de represa por un monto de 265 mil soles a cargo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.
