La Contraloría General de la República comenzó un servicio para recopilar información sobre la contratación de personal en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, correspondiente al periodo 2023-2024. Esta medida busca garantizar que los procesos se hayan realizado de acuerdo con las normas vigentes y promover la transparencia en la gestión pública.
El objetivo principal de este servicio es verificar el correcto uso de los recursos públicos en dichas contrataciones. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Contraloría con la supervisión de la legalidad y la eficiencia en las instituciones estatales.
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2024, la Contraloría emitió más de 36 000 alertas relacionadas con situaciones adversas identificadas en diversas entidades públicas del gobierno nacional, regional y local. Estas observaciones se canalizaron a través de 19 569 informes de control simultáneo.
Los sectores con mayores riesgos detectados fueron Educación, con 5582 observaciones, seguido de Transportes (3777), Salud (3669), Saneamiento (2671), Ambiente (2504) y Comunicaciones (305). Estas cifras reflejan las áreas donde se concentra la atención para prevenir irregularidades.
La Contraloría ha destacado que estas alertas son una herramienta preventiva para advertir a las instituciones públicas sobre problemas que podrían afectar la gestión de los recursos públicos, promoviendo así la corrección oportuna de las deficiencias identificadas.
El organismo reafirmó su misión de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones estatales, recordando que la transparencia y el correcto manejo de los recursos son pilares fundamentales para el desarrollo del país.
Este nuevo servicio de recopilación de información sobre contrataciones en el Congreso busca ser un paso más hacia una administración pública más eficiente, transparente y acorde a las expectativas de la ciudadanía.
La Contraloría continuará con sus acciones de control en diferentes niveles del Estado, contribuyendo a la mejora de la gestión pública y la prevención de actos que puedan comprometer la correcta utilización de los recursos de todos los peruanos.
