La Municipalidad Provincial de Puno enfrenta una situación que pone en duda la legalidad de la contratación de servicios de mantenimiento para maquinaria pesada. Un informe emitido por el Órgano de Control Institucional ha identificado irregularidades en el proceso. Según el informe, los contratos por un total de S/ 80,970.00 fueron fraccionados de manera indebida, dividiendo lo que debía ser una contratación única en varias de menor monto para evadir los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
El fraccionamiento de estos contratos afecta la transparencia y competitividad en las contrataciones públicas, ya que limita la posibilidad de obtener mejores precios y condiciones a través de un procedimiento de selección adecuado. En lugar de un solo contrato de mayor escala, se emitieron tres órdenes de servicio por montos inferiores a las ocho unidades impositivas tributarias (UIT), lo que está prohibido por la ley.
De acuerdo con la normativa, se busca evitar este tipo de prácticas que no solo afectan el precio final, sino que también reducen la calidad de los servicios. La ley establece que las contrataciones de un mismo servicio deben realizarse bajo un solo procedimiento de selección para garantizar la eficiencia y la competencia en la oferta de servicios.
El informe detalla que la Gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la municipalidad separó los contratos de mantenimiento de maquinaria pesada en tres fases, cuando debieron haber sido unificados en un solo proceso de contratación. Esto contraviene los principios de planificación y optimización de recursos públicos que deben regir en todas las instituciones del Estado.
Por otro lado, la ley también prohíbe que se fraccionen contratos para evitar la aplicación de procedimientos de selección más estrictos, con el fin de asegurar la transparencia en las contrataciones. Esto afecta no solo la eficiencia del proceso, sino también la legalidad de las decisiones tomadas por las autoridades encargadas.
El informe del Órgano de Control Institucional es un llamado de atención para las autoridades municipales, quienes deben revisar este proceso y tomar las medidas necesarias para corregir la irregularidad, asegurando que los recursos públicos sean gestionados de acuerdo con la ley y en beneficio de la ciudadanía.
La municipalidad deberá aclarar esta situación y garantizar que en futuras contrataciones se cumpla con todas las normativas vigentes, promoviendo un manejo más eficiente y transparente de los recursos del Estado.
