El Consorcio San Miguel ganó la licitación del proyecto de agua potable en Juliaca y San Miguel por S/. 513 millones, pese a ocupar el segundo lugar en precios, tras la descalificación sospechosa del primer postor, China Railway 20 Bureau.
La descalificación de China Railway 20 Bureau por «supuestos incumplimientos técnicos» generó dudas sobre la transparencia del proceso, pues fuentes cercanas revelan que el Comité de Evaluación filtró resultados antes de la notificación oficial.
Investigadas
Dina Viguria Velásque, coordinadora del proyecto en Juliaca, enfrenta 2 investigaciones en Lima por negociación incompatible y colusión simple, cometidas entre 2023 y 2024, lo que profundiza las sospechas sobre la integridad del contrato.
El Consorcio San Miguel integra a Hidalgo e Hidalgo S.A. (H&H) e Construcción y Administración S.A. (CASA), empresas investigadas en 5 países por corrupción, malversación de fondos y vínculos con el «Club de la Construcción».
Antecedentes
H&H acumula denuncias por sobornos y uso indebido de fondos estatales desde 2015 en Panamá, Ecuador, Colombia y Honduras, mientras que CASA admitió aportes irregulares a campañas electorales en Perú entre 2019 y 2025.
CASA es propiedad total de H&H desde 2005, y su gerente general, Jaime Sánchez Bernal, buscó acogerse a la colaboración eficaz al admitir presuntos pagos irregulares a funcionarios para asegurar contratos millonarios.
Vínculos
El «Club de la Construcción» operaba con un esquema de sobornos para adjudicar obras, ampliar plazos y elevar costos, y CASA participó activamente en ese sistema durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski
Ambas empresas enfrentan investigaciones por tráfico de influencias y lavado de activos, situación que contradice directamente las políticas de integridad exigidas por los organismos internacionales que financian el proyecto en Puno.
Riesgos
El contrato exige al consorcio movilizar maquinaria pesada especializada y garantizar la funcionalidad de la planta de tratamiento en 36 meses, plazo que el historial delictivo de ambas empresas pone en serio riesgo.
Miles de familias de Juliaca y San Miguel esperan agua potable, pero la adjudicación a empresas investigadas en 5 países amenaza con retrasar o paralizar una obra vital financiada con fondos públicos.
Exigencias
Organismos de control y la sociedad civil demandan una investigación exhaustiva sobre la licitación, y exigen revisar los vínculos del consorcio con el «Club de la Construcción» para garantizar que los S/. 513 millones beneficien a la población de Puno.
