La nueva ley agraria en debate en el Congreso genera rechazo generalizado en la región Puno, donde el presidente de CONVEAGRO, Roger Florez Quispe, asegura que la norma solo beneficia a las grandes empresas agroexportadoras y deja de lado a miles de productores familiares.
Florez Quispe explica que la iniciativa legislativa ha sido promovida por un grupo reducido de grandes agroexportadoras, lo que evidencia la influencia de intereses particulares sobre las necesidades reales del sector agrícola nacional.
El Ministerio de Economía calcula que la ley implicará un gasto público cercano a los veinte mil millones de soles en la próxima década, una cifra considerada injustificable por CONVEAGRO Puno, pues no se traduce en beneficios directos para la mayoría de los agricultores.
En contraste, los productores de Puno, dedicados principalmente a cultivos como la quinua, la papa y la fibra de alpaca, enfrentan precios bajos y poco reconocimiento por su labor, sin acceso a los mercados internacionales que disfrutan las grandes empresas agroexportadoras.
Florez Quispe menciona que la ley cuenta con el respaldo de varios partidos políticos y congresistas, incluso de algunos que representan a Puno, lo que muestra la fuerte presión de los agroexportadores sobre el poder legislativo.
Los agricultores familiares sienten que no tienen representación política efectiva, y recuerdan el caso de un político ganadero que una vez en el cargo no cumplió con las promesas hechas al sector.
Ante la situación, CONVEAGRO Puno convoca a la unidad de los productores y prepara una movilización agraria nacional, con el objetivo de detener la aprobación definitiva de la ley antes de que el Congreso cierre la legislatura el quince de junio.
Florez Quispe destaca la importancia de actuar con rapidez, pues los agricultores disponen de poco tiempo para organizar una respuesta efectiva frente a la inminente votación de la norma.
El presidente de CONVEAGRO Puno recuerda que logros anteriores, como la Ley de Compras Estatales, se consiguieron gracias a la presión social y la movilización activa del sector agrario, aunque reconoce que aún existen debilidades en su aplicación.
Florez Quispe advierte sobre el riesgo de que los agroexportadores aprovechen la situación para comprar a precios bajos a los pequeños agricultores y vender luego al Estado con ganancia, lo que distorsionaría el espíritu de la norma de compras estatales.
Existe preocupación por la falta de compromiso real del Poder Ejecutivo y autoridades regionales o locales en implementar políticas que favorezcan a la agricultura familiar, pues muchas inversiones no llegan directamente a los productores.
Finalmente, el alpaquero concluye que la fortaleza del sector agrario en Puno y el país reside en la organización formal de los productores, quienes deben participar activamente y con personería jurídica para defender sus derechos e intereses ante el Estado.
