El ciudadano Orlando Fernández Sejje destapó una presuntamente red de corrupción en EPS SEDAJULIACA donde funcionarios habrían direccionado obras millonarias hacia empresas vinculadas. El escándalo involucra el Programa de Medidas de Rápido Impacto II medida III obra que se ejecuta por 77 millones de soles adjudicado con direccionamiento a una empresa según devela la denuncia.
¿Como lo hicieron?, según Fernández Sejje, GS Maquinarias y Constructora EIRL junto a Sigma S.A.C. consorciados como Consorcio Constructor Juliaca, obtuvo el proyecto PMRI-II- medida III valorizado en aproximadamente 77 millones de soles. La obra programada para ejecutarse en 15 meses presenta apenas 50% de avance, evidenciando graves deficiencias operativas y posibles irregularidades contractuales según registros oficiales.
Richard Sullca Cáceres, actual asesor de la Municipalidad Provincial de San Román, aparece como figura central del entramado corrupto. El funcionario habría trabajado previamente en GS Maquinarias antes de asumir su cargo público, configurando un evidente conflicto de intereses institucional.
Freddy Armando Carita Faijó, gerente general de EPS SEDAJULIACA, mantiene vínculos laborales comprobados con la empresa beneficiada. Registros de SUNAT confirman que Carita trabajó en GS Maquinarias entre 2023 y 2024, período previo a las adjudicaciones cuestionadas por autoridades.
Romario Cabana Alanoca, gerente de operaciones de la entidad estatal, completa la red de funcionarios con antecedentes laborales en GS Maquinarias. Esta conexión sistemática revela un patrón deliberado de favorecimiento empresarial en procesos de licitación pública millonaria.
«Estos señores han actuado como juez y parte, direccionando los proyectos a su conveniencia», declaró Fernández Sejje al presentar documentos probatorios. Las evidencias incluyen contratos laborales, registros tributarios y comunicaciones internas que confirmarían las irregularidades denunciadas públicamente.
El escándalo trasciende EPS SEDAJULIACA e involucra a la Municipalidad Provincial de San Román en adjudicaciones sospechosas. Múltiples empresas habrían resultado beneficiadas mediante procesos manipulados que vulneraron principios de transparencia y competencia leal en contrataciones estatales.
La denuncia formal exige la separación inmediata de funcionarios involucrados y auditorías exhaustivas de todos los procesos comprometidos. «Es necesario retirar a estos funcionarios y garantizar obras transparentes en beneficio poblacional», manifestó el dirigente ante autoridades competentes.
Ciudadanos expresan indignación masiva y demandan esclarecimiento completo de los actos corruptos que afectan servicios públicos esenciales. La población exige sanciones ejemplares para restaurar credibilidad institucional y garantizar uso adecuado de recursos públicos en proyectos de desarrollo regional.
Contraloría General y Ministerio Público recibieron solicitudes urgentes para investigar exhaustivamente las irregularidades reportadas. Las autoridades deben intervenir inmediatamente para esclarecer responsabilidades, recuperar recursos públicos y establecer mecanismos que impidan futuros actos de corrupción institucional.
