La sombra de corrupción asociada al caso Odebrecht transformó radicalmente el proyecto del Gasoducto Sur Andino, originalmente diseñado para llevar gas natural desde Camisea a toda la región sur del Perú, incluyendo Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.
El contrato con el consorcio Odebrecht-Enagás fue cancelado en 2017 tras descubrirse graves irregularidades en la adjudicación y su incapacidad para asegurar el financiamiento necesario de aproximadamente 7 mil millones de dólares, dejando el proyecto original paralizado y con procesos legales en curso.
Ante este escenario, el gobierno peruano optó por una alternativa más sencilla y económica: un gasoducto costero de 500 kilómetros con inversión estimada entre 1.2 y 2 mil millones de dólares, que conectará Marcona o Humay en Ica con Mollendo en Arequipa e Ilo en Moquegua.
Factores técnicos y económicos
El Ministerio de Energía y Minas priorizó la viabilidad económica y técnica en su decisión, considerando que la ruta a través de los Andes presentaba enormes desafíos debido a la topografía accidentada y elevadas altitudes, requiriendo incluso sistemas especiales de cablecarril para la construcción.
La región de Puno, ubicada en la frontera con Bolivia, quedó excluida principalmente por su baja rentabilidad proyectada debido a una demanda potencialmente menor en comparación con los principales centros industriales y energéticos ubicados estratégicamente a lo largo de la costa peruana.
Hugo Escobedo, especialista en proyectos gasíferos, confirmó expresamente la exclusión de Puno del Gasoducto Costero, señalando que “se baraja la opción del gas virtual desde Arequipa” como alternativa temporal, evidenciando la preferencia gubernamental por soluciones que evitan afrontar desafíos técnicos complejos.
Impacto específico en Puno
Para Puno, esta exclusión representa un golpe devastador a sus perspectivas de desarrollo, pues actualmente paga los precios de gas más altos del Perú, según confirman estudios del sector energético, encareciendo significativamente el costo de vida para sus habitantes.
Las estimaciones económicas indican que el acceso al gas natural en Puno podría reducir los costos energéticos entre un 40% y 60% para hogares y pequeños negocios, mientras que el sector manufacturero vería una disminución de costos operativos del 20% al 40%, impulsando potencialmente el PIB regional entre 1% y 3%.
El alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, expresó su frustración ante la situación, lamentando la exclusión y atribuyéndola a “la falta de liderazgo regional”, mientras los ciudadanos organizan protestas y participan en huelgas nacionales exigiendo su inclusión en este proyecto vital.
Soluciones temporales cuestionadas
La propuesta de “gas virtual” mencionada por Hugo Escobedo, que implica una planta de licuefacción en Arequipa y transporte mediante cisternas, es ampliamente cuestionada por expertos como el Director del Instituto del Gas de Cusco, quien advierte sobre su dudosa viabilidad para regiones con baja demanda y la problemática de los altos costos operativos.
En términos de salud pública, la exclusión perpetúa la dependencia de combustibles como la biomasa en zonas rurales de Puno, asociados directamente con problemas respiratorios y contaminación del aire interior, afectando desproporcionadamente a poblaciones ya vulnerables en las áreas andinas.
El gobierno ha anunciado que el Gasoducto Costero comenzará formalmente en julio de 2025, mientras que para Puno solo ofrece una reevaluación futura basada en datos sobre consumo de GLP, potencial de vehículos a gas natural y proyecciones demográficas, sin compromisos concretos de inclusión.
Perspectivas y demandas regionales
La comparación entre proyectos revela la magnitud de la exclusión: mientras la ruta original de 1100-1150 kilómetros beneficiaría a seis regiones incluyendo las zonas altoandinas, la ruta costera de apenas 500 kilómetros prioriza solo tres regiones principalmente costeras, profundizando la histórica centralización económica peruana.
El conflicto evidencia una problemática más profunda en la planificación energética del país, donde las consideraciones de simplicidad técnica y rendimiento económico inmediato prevalecen sobre el desarrollo equitativo y la integración territorial, dejando a regiones históricamente marginadas como Puno en una posición de continua desventaja.
Estudios del sector energético indican que la exclusión de Puno del gasoducto podría representar un retroceso de aproximadamente 5 a 7 años en sus metas de desarrollo industrial y reducción de pobreza, manteniendo a la región en una posición de desventaja competitiva frente a otras áreas del país.
