La Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó este lunes la sentencia de 28 años y tres meses de prisión para cuatro de los cinco acusados por el asesinato de los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez. El crimen ocurrió el 1 de setiembre de 2014 en la comunidad Alto Tamaya-Saweto tras denunciar la tala ilegal en la Amazonía peruana. Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta fueron hallados responsables de ordenar los asesinatos, mientras que los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix ejecutaron el hecho.
El tribunal rechazó el pedido del Ministerio Público y la defensa civil de elevar la pena a 35 años de cárcel y aumentar la reparación civil a 250 mil soles por víctima. La reparación quedó en 100 mil soles por cada líder asesinado, según lo resuelto en segunda instancia. El quinto acusado, Eurico Mapes Gómez, sigue prófugo y su proceso está suspendido.
El caso se remonta a una emboscada contra los dirigentes ashéninkas que denunciaban el tráfico de madera en la zona. La Fiscalía vinculó el crimen a represalias de grupos madereros ilegales que operaban en la frontera con Brasil. Este fallo cierra un proceso judicial que incluyó dos juicios y una anulación previa por defectos en la valoración de pruebas.
Once años de espera y un precedente para la justicia ambiental
El proceso judicial por el caso Saweto comenzó en 2014 y enfrentó múltiples obstáculos, incluyendo recursos de la defensa para retrasar el fallo. En abril de 2024, un juzgado de Ucayali ya había condenado a los mismos acusados a 28 años y tres meses de prisión, pero la defensa apeló buscando mayor indemnización. José Ugaz, abogado y exprocurador, criticó que 50 mil soles por vida era una compensación «desproporcionada» y esperaba un aumento en la reparación civil.
Las familias de las víctimas, representadas por abogados del IDL y AIDESEP, destacaron que esta sentencia marca un precedente en la protección de defensores ambientales. «Esperamos que refleje la afectación individual y colectiva de los pueblos indígenas», señaló Maritza Quispe, abogada del IDL. La comunidad internacional sigue atenta a este caso emblemático en la lucha contra la impunidad.
El 25 de agosto de 2025, la Corte ratificó la condena tras analizar pruebas clave, como el testimonio de un testigo protegido. La defensa de los sentenciados intentó desvirtuar el proceso, pero los magistrados confirmaron la culpabilidad. «Este fallo envía un mensaje contra la criminalización de los defensores indígenas», afirmó el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.
Impacto y consecuencias del crimen en la Amazonía
El asesinato de los cuatro líderes expuso la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a actividades ilegales. Más de 35 defensores ambientales han sido asesinados en la Amazonía peruana en la última década, según AIDESEP. La sentencia busca ser un referente para casos similares y fortalecer la protección territorial.
Las viudas y familiares de las víctimas esperaban justicia desde hace 11 años. «No es solo una reparación económica, sino un reconocimiento a su lucha», comentó Rocío Trujillo, abogada de la familia Chota. La Corte también sancionó a los abogados de los acusados por intentar boicotear el proceso.
El caso Saweto evidenció la colusión entre el crimen organizado y la explotación de recursos naturales. Aunque la pena no se incrementó, el fallo reafirma la gravedad del delito y la necesidad de proteger a quienes defienden sus territorios. La comunidad de Saweto sigue en riesgo por la tala ilegal, pero este fallo es un paso hacia la justicia.
