El recurso de oposición presentado por la Municipalidad de San Román contra la medida cautelar del terreno de Taparachi aún no figura en el expediente judicial, confirmó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Benny Álvarez Quiñones, sobre el controvertido caso del colegio de alto rendimiento COAR.
La autoridad judicial explicó que el Poder Judicial actuará como árbitro imparcial en este conflicto, sin inclinarse hacia ninguna de las partes involucradas en la disputa por la locación destinado al Colegio de Alto Rendimiento. Álvarez Quiñones enfatizó que existen recursos legales establecidos para cuestionar medidas cautelares, incluido el recurso de oposición mencionado por San Román.
El mismo juez que emitió la resolución original puede reexaminar y revisar su propia decisión cuando se presente formalmente el recurso de oposición. Según la normativa procesal, los magistrados tienen cinco días para atender cualquier pedido de esta naturaleza, previo traslado obligatorio a la contraparte para garantizar el debido proceso.
El presidente de la Corte aclaró que los jueces no cambian por amenazas ni amedrentamientos, en referencia a las agresiones sufridas hacia el magistrado Guido Chavarría Tiznado la semana pasada. Álvarez Quiñones subrayó que el juez continuará con el proceso, pues los magistrados no se apartan de sus funciones por presiones externas.
Las resoluciones judiciales se fundamentan exclusivamente en argumentos jurídicos y pruebas presentadas, conforme a la ley y la Constitución, según enfatizó el presidente de la Corte Superior. Esta declaración responde a las acusaciones de prevaricato formuladas por el alcalde de Juliaca contra el magistrado que favoreció supuestamente al sindicato.
Álvarez Quiñones reconoció el derecho de cualquier autoridad a opinar sobre casos judiciales, pero distinguió entre opiniones públicas y acciones legales concretas. El funcionario indicó que, si las autoridades municipales materializan sus cuestionamientos en denuncias penales o quejas administrativas, están en su legítimo derecho.
Por otro lado, anuncio que el Ministerio Público inició de oficio la investigación por las agresiones contra el magistrado, cumpliendo con su obligación legal de actuar cuando identifica indicios de ilícitos penales. Esta acción investigativa se desarrolla paralelamente al proceso principal sobre el terreno de Taparachi, sin interferir en las decisiones judiciales.
La presidencia de la Corte no se inmiscuirá en el procedimiento judicial específico, manteniendo la independencia que caracteriza al sistema judicial peruano. Los jueces conducen sus procesos sin presiones internas ni externas, garantizando la transparencia y objetividad que demanda la ciudadanía puneña en este caso mediático, asegura titular de la institución.
