Las Juntas de Fiscales Superiores de todo el país alertaron sobre una severa crisis presupuestal del Ministerio Público, institución que no cuenta con fondos suficientes para cubrir los sueldos del personal fiscal correspondientes a enero y febrero del año 2026.
El déficit afecta la partida de bienes y servicios, con recortes en contratos de locación, viáticos, alquileres de locales, limpieza, notificaciones y mantenimiento de vehículos fiscales, limitando directamente la capacidad operativa de las fiscalías especializadas a nivel nacional.
«La falta de recursos no solo compromete la operatividad de la institución, sino que también pone en riesgo la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho en el Perú», advirtieron las Juntas de Fiscales Superiores en su pronunciamiento oficial.
Funciones constitucionales en riesgo ante recorte sin precedentes
El Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito en coordinación con la Policía Nacional y el Poder Judicial, rol que adquiere mayor relevancia ante la lucha constante contra el crimen organizado, principal amenaza para la estabilidad del país.
La crisis impacta directamente en los ciudadanos, ya que los recortes en notificaciones, viáticos y personal de apoyo paralizan investigaciones en curso, afectando la persecución del delito y la protección de derechos en todos los distritos fiscales del país.
Ante esta situación, las Juntas de Fiscales Superiores exigen al Poder Ejecutivo, al Congreso y al Ministerio de Economía adoptar medidas urgentes que garanticen el presupuesto adecuado para el funcionamiento del Ministerio Público durante el ejercicio fiscal 2026.
