El derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022 frente a las costas de Ventanilla, provocado por la empresa Repsol, se convirtió en uno de los mayores desastres ecológicos del litoral peruano, tras el vertido de aproximadamente 11,900 barriles de crudo. El incidente ocasionó graves daños al ecosistema marino, la muerte de numerosas especies y un fuerte impacto económico y social en los pescadores artesanales de la zona.
En ese momento, las autoridades estimaron que la limpieza de las playas afectadas podría tomar alrededor de tres semanas; sin embargo, hoy, a cuatro años del desastre, los pescadores y especialistas sostienen que el daño ambiental no solo continúa, sino que no ha sido adecuadamente remediado.
De acuerdo con los afectados, ninguno de los Planes de Rehabilitación presentados por Repsol La Pampilla S.A.A. (RELAPASAA) ha sido aprobado por el Estado, debido a múltiples observaciones técnicas formuladas por diversas entidades. En consecuencia, hasta la fecha no se ejecuta ningún plan oficial de remediación que permita resolver de manera integral la contaminación derivada del derrame.
Evidencia científica en visita de campo
A mediados de diciembre de 2025, una comisión conformada por pescadores afectados, el biólogo marino Stefan Astermuller y el equipo técnico de CooperAcción realizó una visita de campo a la playa Cavero, en el distrito de Ventanilla, con el objetivo de constatar la presencia de restos de petróleo en la zona.
Durante la inspección se aplicaron dos metodologías científicas utilizadas a nivel internacional: la búsqueda de “bolas de alquitrán”, correspondientes a hidrocarburos envejecidos, y la excavación de zanjas de hasta 70 centímetros de profundidad para identificar posibles capas de petróleo en el sedimento.
Tras la constatación visual, Astermuller señaló que las labores de limpieza realizadas habrían sido superficiales. Indicó que existen capas oscuras entre los 20 y 70 centímetros de profundidad que podrían corresponder a petróleo acumulado, además del hallazgo de una torta de alquitrán de aproximadamente 30 centímetros, mezclada con arena y restos vegetales, como evidencia de la persistencia de la contaminación.
Reclamos de los pescadores y observaciones pendientes
Los pescadores artesanales reiteraron su preocupación por la falta de avances reales en la remediación. Mercedes Yovera, dirigente de los afectados, señaló que la recopilación de muestras permitirá sustentar una demanda constitucional contra la empresa y cuestionó la ausencia de un rol más activo del Estado en la defensa del ambiente y de los medios de vida de las comunidades costeras.
En la misma línea, el pescador Alfredo Máximo de Garay afirmó que, pese a que se les hizo firmar documentos señalando que las playas estaban aptas para la pesca, la contaminación persiste. Alexander Ventura, por su parte, exigió la ejecución efectiva de planes de remediación que incluyan limpieza real de las playas, recuperación de los puntos de pesca y repoblamiento de las especies marinas afectadas.
Según un informe de sistematización elaborado por CooperAcción, hasta el año 2025 se mantienen 606 observaciones técnicas sin levantar a los Planes de Rehabilitación presentados por RELAPASAA. Estas observaciones han sido formuladas por entidades como Serfor, Produce, Dicapi, Sernanp y Digesa, y abarcan zonas afectadas como Huacho, Chancay, Aucallama, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla.
Ante este escenario, los pescadores demandan al Estado peruano y a la empresa responsable transparencia sobre el estado actual de los planes de remediación y un cronograma claro de ejecución, que permita garantizar la recuperación ambiental y el retorno seguro a sus actividades pesqueras, gravemente afectadas desde el derrame de 2022.
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