Cuatro efectivos policiales de la comisaría Santa Bárbara en Juliaca recibieron prisión preventiva por 14 meses robo agravado y secuestro. Los implicados son Sir Huayne Ashley Medina Valdivia, Ronald Mauricio Quispe Posada, Franco Juliano Barrueta Nostrosa y Carlos Fernando Salazar Vilca, quienes presuntamente cometieron estos delitos el 8 de julio de 2025 utilizando vehículos policiales durante operativos oficiales.
El juzgado especializado determinó que los cuatro oficiales emplearon su autoridad para ejecutar actos delictivos que incluyen robo agravado, secuestro y peligro mediante armas de fuego. Las investigaciones establecieron que utilizaron patrulleros institucionales para trasladarse hacia los lugares donde perpetraron los ilícitos, aprovechando su condición de servidores públicos para facilitar la comisión de estos graves delitos.
Medina Valdivia desempeñaba funciones como conductor del vehículo policial modelo Toyota Hilux placa EGP-966, mientras que Quispe Posada manejaba otra unidad móvil durante los hechos investigados. Los otros dos implicados participaron activamente en la ejecución de los delitos, según las evidencias recopiladas durante el proceso judicial que duró varios meses hasta alcanzar esta resolución definitiva.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público incluyen actas de denuncia verbal, registros vehiculares oficiales, incautación de armamento reglamentario y municiones encontradas en poder de los acusados. También se incorporaron declaraciones testimoniales de las víctimas directas y testigos presenciales que identificaron plenamente a los cuatro efectivos policiales en el momento exacto de la comisión delictiva.
Entre los elementos probatorios más relevantes figura el acta de intervención policial que detalla la posesión irregular de pistolas y fusiles por parte de los procesados. Adicionalmente, los peritajes balísticos confirmaron que los proyectiles recuperados en la escena corresponden exactamente a las armas incautadas a los efectivos, estableciendo vínculos directos entre los acusados y los hechos investigados.
Durante las audiencias judiciales, las defensas técnicas argumentaron supuestas inconsistencias en la investigación fiscal y cuestionaron la validez jurídica de ciertos documentos probatorios presentados. Sin embargo, el magistrado consideró que existían suficientes elementos de convicción para sustentar las imputaciones formuladas contra los cuatro miembros de la Policía Nacional del Perú en este complejo caso judicial.
Los abogados defensores también alegaron que sus patrocinados carecían de arraigo familiar y laboral suficiente para justificar medidas cautelares menos restrictivas. No obstante, el tribunal evaluó la gravedad específica de los delitos imputados y el riesgo potencial de fuga, factores que motivaron la imposición de la medida coercitiva más severa disponible en el ordenamiento jurídico peruano.
La resolución judicial establece un período de prisión preventiva de catorce meses para cada uno de los cuatro efectivos policiales procesados. Esta medida cautelar fue considerada proporcional y necesaria debido a la naturaleza grave de los delitos investigados, el peligro procesal existente y la necesidad de asegurar la presencia de los implicados durante todo el desarrollo del proceso penal.
Cada uno de los procesados fue identificado mediante sus respectivos documentos nacionales de identidad y se ordenó su inmediato internamiento en el establecimiento penitenciario designado por las autoridades correspondientes. El tribunal también dispuso las comunicaciones oficiales pertinentes hacia la Policía Nacional para iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios que correspondan según la normativa institucional vigente.
Este pronunciamiento judicial representa un precedente significativo en la lucha contra la corrupción policial y el abuso de autoridad en la región de Puno. «La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia ante el abuso de poder», señaló el magistrado durante la lectura de la resolución, mientras que las víctimas expresaron su satisfacción por el fallo emitido.
